El presupuesto para empresas y autónomos es de 50 millones de euros y pueden alcanzar los 7.500 euros por vehículo.
El 1 de octubre marca el arranque de la segunda línea del Plan Auto+, dirigida específicamente a empresas y autónomos que deseen adquirir vehículos eléctricos e híbridos enchufables en España.
A partir de las 10:00 horas de esa jornada, estos profesionales tendrán acceso a un presupuesto total de 50 millones de euros distribuidos en dos partidas diferenciadas: 42 millones destinados a empresas privadas y 8 millones reservados exclusivamente para trabajadores autónomos.
Esta segunda convocatoria llega varios meses después del lanzamiento de la primera línea del programa, que estuvo orientada a particulares que no desarrollan actividad económica.
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La división de fondos responde a la intención del Ministerio de Industria de evitar que los autónomos compitan directamente con grandes compañías por las mismas ayudas, facilitando así el acceso a este colectivo que habitualmente emplea vehículos para su actividad profesional.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 31 de diciembre de 2026, aunque todo dependerá del ritmo de consumo del presupuesto.
Siguiendo el modelo de concesión directa por orden de presentación, los fondos se considerarán agotados cuando se presente la solicitud que consuma el importe disponible, lo que convierte la rapidez en un factor determinante para asegurar la subvención.
Una de las características más destacadas de esta convocatoria es su carácter retroactivo. Los vehículos nuevos matriculados desde el 1 de enero de 2026 pueden acogerse a las ayudas, lo que significa que aquellas empresas y autónomos que ya realizaron compras este año tienen la posibilidad de solicitar la bonificación si cumplen con el resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 609/2026, publicado el 24 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado.
Las cuantías máximas varían según el tamaño del beneficiario y el tipo de vehículo adquirido. Para autónomos y microempresas, definidas como aquellas con menos de 10 trabajadores y un balance anual o volumen de negocio no superior a 2 millones de euros, las ayudas alcanzan los 6.000 euros para turismos de categoría M1 y hasta 7.500 euros para furgonetas clasificadas como N1.
Por su parte, las empresas de mayor dimensión pueden obtener hasta 4.500 euros por turismo y 5.000 euros por vehículo comercial ligero.
El programa también contempla ayudas para motocicletas y cuadriciclos, con importes que oscilan entre 1.100 y 1.500 euros según la categoría del vehículo.
Existe además una modalidad específica cofinanciada con el Fondo Social para el Clima, destinada a determinadas actividades CNAE, que podría elevar las ayudas hasta 12.000 euros para furgonetas eléctricas de emisión cero, aunque esta línea reforzada no se ha activado en la convocatoria de 2026.
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El importe final que recibe cada beneficiario no corresponde directamente a estas cifras máximas, sino que se calcula mediante un sistema denominado clasificación ‘EEE’.
Este modelo acumulativo considera tres criterios principales: el grado de electrificación del vehículo, con hasta el 50 por ciento de la ayuda para vehículos completamente eléctricos y el 25 por ciento para híbridos enchufables; el precio del vehículo antes de impuestos, concediendo hasta el 25 por ciento si cuesta 35.000 euros o menos y el 15 por ciento si alcanza los 45.000 euros; y el origen de fabricación, otorgando hasta el 15 por ciento adicional si el montaje final se realiza en suelo europeo y hasta el 10 por ciento más si la batería tiene contenido europeo.
Los autónomos pueden beneficiarse de ayudas para un máximo de tres vehículos, mientras que las empresas tienen un límite de diez unidades.
La normativa permite tanto la adquisición directa como operaciones de leasing financiero o renting, siempre que estos contratos tengan una duración mínima de tres años y se formalicen en España. En todos los casos, el beneficiario debe mantener la titularidad y matriculación del vehículo durante al menos dos años desde la concesión de la ayuda.
Como ya ocurrió con la línea para particulares, los concesionarios deben contemplar en la factura un descuento propio de 1.000 euros en las compras realizadas a partir del 1 de octubre.
Esta medida busca garantizar un esfuerzo compartido entre el sector privado y el Estado en el fomento de la movilidad eléctrica.
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con los particulares, donde muchos concesionarios se negaron a adelantar las ayudas públicas, en el caso de empresas y autónomos esta cuestión resulta menos relevante dado que suelen contar con mayor capacidad financiera.
Pueden ser beneficiarias todas aquellas empresas con personalidad jurídica y las personas físicas que desarrollen una actividad económica y estén dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria.
Quedan expresamente excluidos los concesionarios y puntos de venta de vehículos. Además, es requisito indispensable estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener pendientes reintegros de ayudas públicas anteriores.
Las solicitudes deben tramitarse exclusivamente por vía telemática a través del Sistema Telemático de Gestión del Ministerio de Industria y Turismo, mediante certificado digital o representación acreditada.
Este procedimiento completamente digitalizado pretende agilizar el proceso y garantizar la transparencia en la asignación de los fondos por estricto orden de presentación.
Esta segunda línea del Plan Auto+ forma parte del Plan España Auto 2030, con el que el Gobierno persigue reforzar la capacidad propia de producción de vehículos electrificados, ampliar el acceso al vehículo eléctrico y avanzar en el cumplimiento de los compromisos climáticos adquiridos por España.
El programa cobra especial relevancia en un momento en que las ventas de vehículos eléctricos continúan por debajo de las expectativas y la industria del automóvil atraviesa una profunda transformación.
