El sector del transporte, responsable del 40 % del consumo energético nacional, impulsa su transformación gracias a los Certificados de Ahorro Energético.
España está viviendo una profunda transformación en su modelo energético, y una de las herramientas que ha adquirido protagonismo en este proceso son los Certificados de Ahorro Energético (CAE).
Desde su implementación en 2023, este sistema ha demostrado no solo su eficacia como mecanismo de reducción del consumo energético, sino también su capacidad para incentivar la inversión en eficiencia, generar ingresos económicos y acelerar la descarbonización del país.
El sector del transporte, responsable del 40 % del consumo energético nacional, ha sido uno de los más beneficiados por los CAEs.
En tan solo un año, ha certificado más de 850 GWh en medidas de eficiencia como la electrificación de flotas, la movilidad compartida, el uso de neumáticos de bajo consumo o la aplicación de sistemas de telemetría inteligente.
Estas iniciativas no solo han contribuido a disminuir el consumo energético, sino que también han evitado la emisión de medio millón de toneladas de CO₂, según datos del operador independiente Delcae.
Pero el alcance del sistema no se limita a grandes flotas o a empresas del transporte. Los CAEs han empezado a cambiar también el día a día de particulares y pequeñas empresas.
Un ejemplo claro de cómo se puede certificar el ahorro energético es el proceso que transforma la decisión de sustituir un coche de combustión por uno eléctrico.
Al retirar un vehículo térmico y adquirir uno eléctrico, el usuario genera un ahorro energético que puede convertirse en Certificados de Ahorro Energético (CAEs).
Todo el proceso puede realizarse de forma digital, desde la recopilación de documentación hasta la validación y monetización del ahorro, ofreciendo así una experiencia sencilla, rentable y con impacto directo en la sostenibilidad.
Este fenómeno no es casual ni aislado. Forma parte de una estrategia de fondo que responde a los compromisos adquiridos por España y por la Unión Europea en materia de sostenibilidad.
La Directiva (UE) 2023/1791 eleva el objetivo de eficiencia energética de la Unión hasta un 11,7 % menos de consumo para 2030, lo que implica no superar los 992,5 Mtep de consumo de energía primaria y los 763 Mtep de consumo final.
Para alcanzar esas metas, los CAEs se han convertido en un mecanismo clave, ya que permiten certificar y monetizar cualquier ahorro conseguido mediante medidas de eficiencia energética, estandarizadas o singulares.
En la práctica, un CAE es un documento electrónico que equivale a 1 kWh de ahorro energético certificado. Este ahorro puede venderse a las comercializadoras obligadas por la normativa nacional y europea a cumplir ciertos objetivos anuales de eficiencia energética.
De esta forma, las empresas que adoptan medidas de eficiencia no solo reducen su consumo, sino que también obtienen una retribución económica por los ahorros generados. Este sistema convierte el ahorro energético en un activo financiero real y tangible.
Durante 2024, el impacto del sistema CAE fue significativo: se registraron más de 1.200 actuaciones de mejora energética agrupadas en 755 solicitudes, de las cuales el 88 % ya obtuvieron resolución favorable.
Estas actuaciones generaron un ahorro total de 2 TWh, equivalente a casi el consumo eléctrico mensual de toda la Comunidad de Madrid.
Además, se evitó la emisión de unas 500.000 toneladas de CO₂ y se generaron aproximadamente 230 millones de euros en ingresos por la venta de los CAEs.
Este nuevo modelo ha sido especialmente beneficioso para la industria, que acaparó el 68 % de los ahorros certificados, con más de 1,3 TWh.
Las actuaciones más destacadas incluyen la optimización de hornos industriales, la recuperación de energía en procesos intensivos, y la modernización de sistemas de iluminación o climatización mediante tecnologías de alta eficiencia.
En el sector terciario, por ejemplo, hospitales y hoteles han instalado sistemas de gestión energética como los BMS (Building Management System), que permiten monitorizar y optimizar el consumo de todos los sistemas del edificio, desde la iluminación hasta el aire acondicionado.
Los ejemplos concretos ilustran bien la rentabilidad de estos proyectos. Un hospital madrileño, tras instalar un sistema BMS, consiguió ahorrar 1,5 millones de kWh, lo que supuso recuperar más del 50 % de la inversión inicial gracias a los CAEs.
En Palma de Mallorca, un hotel reemplazó sus calderas por bombas de calor, reduciendo significativamente su dependencia de combustibles fósiles.
Esta inversión, que sin CAEs se amortizaría en siete años, se rentabilizó en solo cuatro gracias a los ingresos derivados de la certificación del ahorro.
El modelo también ha generado una nueva red de actores económicos. Empresas especializadas, los llamados sujetos delegados, ayudan tanto a los propietarios de ahorros energéticos como a los sujetos obligados (comercializadoras, petroleras, etc.) a registrar y validar los ahorros conseguidos.
Este ecosistema incluye verificadores acreditados por ENAC, gestores autonómicos, el MITECO y cientos de proveedores de productos y servicios de eficiencia energética.
El dinamismo del sistema se refleja en su evolución económica. En 2025, los sujetos obligados deberán alcanzar un objetivo nacional de ahorro energético de 5.815 GWh, de los cuales hasta el 85 % podrá cubrirse mediante CAEs.
Esto implica una movilización de recursos estimada en más de 1.600 millones de euros.
Y de cara a 2027, la inversión acumulada en medidas de eficiencia energética podría alcanzar los 6.400 millones, con una aportación combinada de CAEs y del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) cercana a los 2.100 millones.
El funcionamiento del sistema es meticuloso, pero accesible. Toda actuación de eficiencia energética, ya sea cambiar luminarias por LED, sustituir una caldera o instalar un variador de velocidad, debe documentarse, verificarse y acreditarse ante las autoridades competentes.
Una vez validado, ese ahorro se transforma en CAEs que pueden ser vendidos o utilizados para cumplir obligaciones. En muchos casos, el retorno económico para los promotores es inmediato: los CAEs permiten recuperar parte de la inversión sin esperar los largos plazos que suelen tener las subvenciones públicas.
Sin embargo, el sistema aún enfrenta retos importantes. La falta de conocimiento generalizado entre la ciudadanía y muchas pymes limita su alcance.
Se necesitan plataformas que agrupen pequeñas actuaciones individuales, como el cambio de ventanas o la instalación de bombas de calor en viviendas, para facilitar su certificación y monetización.
Y el sector público debe dar un paso al frente: todavía más del 40 % del alumbrado público en España no es LED, pese a ser una inversión que se amortiza en menos de un año.
El futuro, sin embargo, es prometedor. La reciente Orden TED/197/2025 ya establece una hoja de ruta clara hasta 2030, con objetivos crecientes de ahorro energético y una progresiva ampliación del uso de CAEs como herramienta preferente.
Además, se está diseñando un sistema de subastas de ahorro energético, que permitiría concentrar esfuerzos e inversiones en las actuaciones con mayor potencial de retorno económico y ambiental.
Su eficacia no reside solo en lo que ahorran, sino en cómo transforman el ahorro en una palanca de crecimiento económico, competitividad empresarial y justicia ambiental.
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