Al final, Podemos ha respaldado al Gobierno en la aprobación de la ley, frente al voto en contra del PP, Vox y UPN.
El Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la esperada Ley de Movilidad Sostenible, una norma que marca un antes y un después en el modelo de transporte en España.
Tras meses de tensiones políticas, enmiendas caídas y negociaciones de última hora, el Gobierno ha logrado sacar adelante un texto que no solo responde a las exigencias de la transición ecológica, sino que también reconoce por primera vez la movilidad como un derecho social.
Con esta aprobación, España asegura además el acceso a 10.000 millones de euros en fondos europeos vinculados a su implementación.
La nueva ley llega con un objetivo claro: construir un sistema de transporte más justo, eficiente y libre de emisiones. La norma define un marco legal para una movilidad descarbonizada, inclusiva, digital y sostenible, con implicaciones directas tanto para ciudadanos como para administraciones públicas, empresas y operadores de transporte.
Uno de los pilares fundamentales del texto es la apuesta por el transporte activo, con especial énfasis en la bicicleta.
Se crea el Plan Nacional de Impulso al Uso de la Bicicleta, una herramienta que obliga a las administraciones públicas a desarrollar políticas que fomenten este medio de transporte en la vida cotidiana.
Esto implica más carriles bici, zonas de aparcamiento seguras y una mejor conexión con otros modos de transporte. Los municipios también deberán garantizar la intermodalidad, facilitando que los ciudadanos combinen el uso de la bicicleta con el transporte público.
En el ámbito laboral, la ley introduce una medida clave para las grandes empresas. A partir de ahora, todas las compañías con más de 200 empleados, o 100 por turno, estarán obligadas a elaborar planes de movilidad sostenible para sus trabajadores.
Esto busca reducir la dependencia del vehículo privado y fomentar alternativas como el transporte colectivo, la bicicleta o el teletrabajo.
La infraestructura energética también se transforma. A partir de 2025, todas las gasolineras que superen los 10 millones de litros anuales en ventas de gasolina y gasóleo deberán contar con, al menos, un grupo de recarga eléctrica de 400 kW, incluyendo un punto de recarga de 150 kW en corriente continua.
En el plano ambiental, la ley establece la reducción de los vuelos de corta distancia. Se limitarán los trayectos aéreos de menos de dos horas y media siempre que exista una alternativa ferroviaria de calidad.
Esta medida no solo busca reducir emisiones, sino también incentivar el uso del tren como medio principal de transporte interno.
El transporte público también da un salto hacia la digitalización. Las administraciones estarán obligadas a desarrollar plataformas digitales unificadas que permitan a los ciudadanos planificar, reservar y pagar sus desplazamientos de forma integrada.
El objetivo es facilitar el acceso a una movilidad multimodal y fluida, especialmente en áreas metropolitanas y rurales.
Una de las grandes novedades es la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, un órgano de coordinación entre las diferentes administraciones y actores del sector que se encargará de supervisar, evaluar e impulsar las políticas públicas de transporte en clave de sostenibilidad.
Junto a este sistema, se pone en marcha también el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que marcará la hoja de ruta estatal en esta materia y cuya aprobación final recaerá en el Consejo de Ministros.
Con esta nueva ley, España da un paso firme hacia un modelo de transporte moderno, ecológico y centrado en las personas. Su implementación marcará el ritmo de los próximos años, no solo en términos de movilidad, sino también de empleo, salud pública y transformación urbana.
Las próximas etapas dependerán de cómo se aplique esta normativa en cada territorio y de la voluntad política para convertir sus principios en realidades tangibles.
Lo que es ya un hecho es que, por primera vez, el país cuenta con una ley integral de movilidad sostenible que pone a las personas en el centro, redefine el derecho al transporte y abre el camino hacia una España más verde y más justa.
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