El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha el 1 de Julio la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad.
Una iniciativa que, lejos de ser opcional, es una obligación legal impuesta por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 y que comienza a tomar forma con medidas tan concretas como la adjudicación de la plataforma digital para gestionar las multas, las autorizaciones y las exenciones.
A partir del próximo 1 de julio, los conductores que circulen por el centro de Valladolid sin contar con la etiqueta ambiental correspondiente, o sin una justificación válida, se enfrentarán a sanciones de hasta 200 euros.
Una fecha que marca el final de un periodo de adaptación y que ya ha desatado no pocas reacciones entre vecinos, comerciantes, conductores y opositores políticos.
Desde la web municipal se podrán tramitar las autorizaciones para acceder a la ZBE, gestionar las exenciones temporales, y, cómo no, procesar las multas.
Por otra parte, ya se han instalado 32 cámaras repartidas por 27 calles de la zona centro, en un perímetro de 1,1 kilómetros cuadrados, que actualmente están operativas y listas para detectar matrículas.
En Mayo y Junio os avisos no conllevan sanción. Eso cambiará a partir del 1 de julio, momento en el que comenzarán las multas.
En la última semana de mayo comenzará una fase crítica: la de los avisos informativos. Los conductores que entren en la ZBE con vehículos sin etiqueta recibirán un mensaje claro: “Ha entrado en la Zona de Bajas Emisiones sin etiqueta».
A partir del 1 de julio será sancionado con 200 euros. Esta campaña de advertencias durará apenas un mes, una decisión que ya ha sido tachada de precipitada por algunas asociaciones vecinales, que consideran que no se está informando lo suficiente.
Para paliar esa falta de información, el Ayuntamiento ha organizado una exposición informativa en la Sala de San Benito, abierta hasta el 1 de junio, donde se explica en detalle qué calles forman parte de la ZBE, qué accesos están restringidos y cuáles son las vías para obtener permisos o exenciones.
Además, se ha lanzado una campaña de buzoneo con toda la información relevante, aunque persiste la sensación de que muchos ciudadanos aún no tienen claro cómo les afectará realmente la nueva normativa.
Los vehículos con etiqueta B podrán acceder hasta finales de 2027, mientras que los de etiqueta C tendrán permiso hasta enero de 2030. Los eléctricos y los híbridos enchufables (etiquetas Cero y Eco) no tendrán restricciones.
Eso sí, no llevar la etiqueta física en el coche no será sancionable: lo que cuenta es la matrícula registrada y su correspondencia con los datos de la DGT.
En cuanto a las exenciones, la normativa abre un amplio abanico de posibilidades. Los residentes empadronados en la ZBE están automáticamente exentos gracias al cruce de datos con el padrón municipal.
También podrán acceder sin problema quienes tengan plaza de garaje en propiedad o alquiler, las familias numerosas de categoría especial, los vehículos de carga y descarga, servicios técnicos, personas con movilidad reducida o aquellos que tengan citas médicas justificadas en el área restringida.
Incluso situaciones temporales como mudanzas, reparaciones en talleres ubicados en el centro o la recogida de menores en colegios de la ZBE están contempladas. Y, por si fuera poco, si un conductor accede sin autorización, tendrá hasta cinco días naturales para regularizar la situación y evitar la multa.
La entrada en vigor de la ZBE ha generado un debate encendido. Para algunos sectores del comercio del centro, se trata de una medida necesaria pero razonablemente aplicada, al contar con un calendario progresivo de restricciones.
Para otros, especialmente desde la oposición y algunas plataformas vecinales, la ZBE de Valladolid llega “descafeinada”, con una extensión demasiado limitada respecto al plan inicial y sin una ambición real para mejorar la calidad del aire.
La decisión de limitar la ZBE a solo 1,1 kilómetros cuadrados, una almendra central que muchos consideran insuficiente, ha sido vista como una cesión a presiones políticas y sociales. Al mismo tiempo, el consistorio insiste en que la implementación progresiva permitirá estudiar resultados y ampliar la zona si fuera necesario en el futuro.
Valladolid se suma así a las 49 ciudades españolas que deben implantar las zonas de bajas emisiones, pero muchas de ellas aún no han comenzado a multar. De hecho, según datos actualizados, hay consistorios que ni siquiera han puesto en marcha los mecanismos de control.
Lo que está claro es que el margen de maniobra se agota. A partir de julio, la movilidad en el centro de Valladolid cambiará radicalmente, al menos para una parte de los vehículos. Quien no se haya adaptado a tiempo, tendrá que hacerlo a golpe de multa. Para algunos, es el precio justo por un aire más limpio. Para otros, una medida improvisada, tecnócrata y de escasa utilidad real.