La Comunidad de Madrid ha consumido los fondos asignados por el Gobierno central dentro del Plan Moves.
Estas ayudas tienen como objetivo incentivar a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como la instalación de puntos de carga.
La cifra no es menor: 54,5 millones de euros se esfumaron en apenas unas semanas. Desde ahora, todas las solicitudes nuevas pasarán a una lista de espera indefinida que solo podría despejarse si se redistribuyen fondos no utilizados por otras comunidades autónomas o si el Ejecutivo decide ampliar el programa.
Lo más preocupante es que esto ocurre en una comunidad autónoma con una fuerte venta de coches eléctricos y que van en aumento.
Este dato por sí solo basta para entender la magnitud del problema. Madrid lidera con holgura las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con 49.949 unidades matriculadas en el primer semestre de 2025.
Cataluña y Comunidad Valenciana, que ocupan el segundo y tercer puesto en este ranking, suman entre ambas apenas la mitad de lo que representa la capital.
Así, el agotamiento prematuro de los fondos no solo era previsible, sino que pone de manifiesto la descoordinación y rigidez del sistema de reparto diseñado por el Real Decreto 266/2021, que asigna las partidas en función de la población, no del volumen de mercado ni de la demanda real.
La Comunidad de Madrid fue la primera en activar su convocatoria del Moves III 2025. La resolución se publicó el 10 de junio en el Boletín Oficial de la región, y antes de que terminara junio ya era evidente que el dinero iba a volar.
El último día en el que se aceptaron solicitudes para la compra de vehículos fue el 8 de julio, y apenas quedaban algo más de 155.000 euros disponibles. Las ayudas a la instalación de cargadores, por su parte, se agotaron aún antes, tras poco más de dos semanas.
De los fondos totales, un 80% se destinó a la compra de vehículos (43,6 millones de euros) y el 20% restante (10,9 millones) a puntos de carga. Los números dejan claro dónde está la urgencia y cómo se comporta el mercado madrileño: lo que mueve es el coche eléctrico, no tanto su infraestructura.
La consecuencia directa de este agotamiento es que ahora Madrid queda en manos de la burocracia y de la voluntad política del Gobierno central.
Por un lado, existe una cláusula en el propio decreto de ayudas que permite redistribuir entre las comunidades cumplidoras los fondos no utilizados por otras, pero solo cuando finalice el programa el 31 de diciembre de 2025.
Esto deja a Madrid en una especie de limbo durante casi medio año, sin garantías de que llegue un solo euro más.
Por otro lado, sigue sobre la mesa la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe una ampliación presupuestaria del plan, algo que el sector reclama con insistencia, pero que no está ni mucho menos garantizado.
Mientras tanto, el mercado y los consumidores madrileños se enfrentan a una paradoja: existe una enorme voluntad de electrificar el parque automovilístico, hay compradores dispuestos, pero el sistema de ayudas no responde con agilidad.
Se subvenciona poco, mal y tarde. Esto no solo frena la transición ecológica, sino que penaliza precisamente a las regiones más comprometidas con ella.
La idea de un modelo de reparto igualitario en función de la población, que sobre el papel suena equitativa, en la práctica es profundamente ineficaz.
Comunidades que aún no han activado la convocatoria siguen bloqueando fondos mientras Madrid ya ha agotado todo lo que tenía.
A pesar de todo, aún quedan algunas opciones en marcha. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo el Plan 360, una línea municipal de ayudas dotada con 23,3 millones de euros.
De esa cifra, 14 millones se destinan al vehículo particular, con incentivos de hasta 5.500 euros para los coches con etiqueta Cero, 3.000 para los ECO y 1.500 para los C, ya sean diésel o gasolina.
Esta convocatoria estará abierta hasta el 17 de julio. También hay partidas específicas para taxis, distribución de mercancías y puntos de carga, aunque estas últimas ya se agotaron a finales de mayo.
El Plan 360 es una alternativa válida, aunque limitada, para quienes no pudieron beneficiarse del Moves III. La situación actual deja una reflexión clara: el modelo descentralizado de ayudas está agotado.
El propio Gobierno central ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de centralizar la gestión de estas subvenciones, con el argumento de que se evitarían bloqueos autonómicos y se agilizaría la tramitación. No es una idea descabellada.
En muchas comunidades, las ayudas del Moves III se han gestionado con retrasos de meses, cuando no de años, y con requisitos tan engorrosos que muchos consumidores han desistido antes de completar el papeleo.
Una ventanilla única, nacional y digital, podría resolver muchos de estos problemas. No sería una revolución, simplemente una actualización lógica para un programa que debe estar a la altura del momento histórico que vivimos.
Lo cierto es que, a día de hoy, en Madrid no se pueden solicitar más ayudas al vehículo eléctrico, y eso es una señal de alarma. No solo para los consumidores, sino para un modelo de transición energética que se tambalea cuando más apoyo necesita.
Mientras los coches eléctricos siguen ganando terreno y la presión medioambiental aumenta, el sistema de incentivos se revela como su mayor obstáculo.
La capital de España, que lidera con claridad el cambio hacia la movilidad eléctrica, queda desatendida por un reparto de fondos que no entiende de realidades, solo de estadísticas frías. El resultado es un tapón político y administrativo que, como casi siempre, termina pagando el ciudadano.
Fuente: La Tribuna de Automoción.
