La polémica sobre si los coches híbridos tienen derecho a las etiquetas ECO y CERO está sobre la mesa.
En el fondo de un cajón del Ministerio del Interior duerme, desde hace años, una reforma que podría cambiar la movilidad urbana en España.
Una reforma que, de llevarse a cabo, despojaría a miles de coches del distintivo “ECO” o “CERO” y con ello de los privilegios que hoy disfrutan en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ayudas públicas o ventajas fiscales.
La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue aplicando un sistema de etiquetado medioambiental que, según múltiples organizaciones ecologistas y de consumidores, es obsoleto, confuso y, lo más grave, engañoso.
Ayudas del Plan Moves para comprar un coche eléctrico.
Estas entidades, entre ellas Greenpeace, Ecologistas en Acción, Clean Cities o la OCU, han decidido reactivar la presión sobre Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, para que reactive de una vez una reforma que consideran clave para frenar el greenwashing automovilístico que invade nuestras calles.
En España hay coches contaminantes circulando con una etiqueta verde en el parabrisas. El sistema actual, implantado en 2016, divide los coches en etiquetas CERO, ECO, C y B en función de su tecnología y fecha de matriculación.
La etiqueta CERO, por ejemplo, se concede a híbridos enchufables que tienen apenas 40 kilómetros de autonomía eléctrica. ¿Eso los convierte en coches de cero emisiones?. Técnicamente sí, en la práctica, no.
La etiqueta ECO, aún más polémica, agrupa a híbridos no enchufables, coches de gas y vehículos cuya eficiencia real dista mucho de ser ejemplar.
¿Los coches eléctricos pagan la zona azul?.
Según los ecologistas, el resultado es que muchos vehículos con motores térmicos tradicionales y un uso cotidiano de gasolina o diésel se están beneficiando de ventajas pensadas para coches realmente limpios. Un verdadero contrasentido en plena emergencia climática.
Pero la indignación va más allá de lo simbólico. Las etiquetas de la DGT se están utilizando como criterio para otorgar ayudas del Plan Moves III, beneficios fiscales, aparcamiento gratuito y acceso a zonas restringidas.
Así, lo que debería ser un estímulo a la movilidad sostenible se convierte en una estrategia de marketing encubierta para seguir vendiendo coches térmicos con traje verde.
El Gobierno ha admitido, en palabras del propio Marlaska en el Senado, que se plantea revisar el sistema “cuando lo indiquen los expertos” y “exista consenso entre todos los actores implicados”. Es decir, cuando el lobby automovilístico lo apruebe. Y ese momento parece no llegar nunca.
Lo cierto es que las organizaciones llevan más de cinco años reclamando esta revisión. En 2020 incluso presentaron una propuesta técnica completa que planteaba una nueva clasificación basada en emisiones reales, normativa Euro, tecnología del vehículo y ciclo de uso.
A esta propuesta nunca se le dio curso. Según denuncian, el proceso de consulta iniciado por el Ejecutivo solo incluyó a representantes del sector de la automoción. Y se descartó la reforma basándose en un informe que, hasta el día de hoy, sigue sin publicarse.
Hay un detalle que debería levantar más alarmas: las etiquetas actuales están subvencionando tecnologías contaminantes. Sí, los fondos públicos están financiando vehículos que en condiciones reales de uso emiten tanto o más que un diésel antiguo. Todo, bajo el paraguas de una etiqueta “ECO”.
El sistema no discrimina positivamente a los eléctricos puros, que deberían ser los grandes beneficiados de las políticas públicas. En cambio, mete en el mismo saco a coches con emisiones dispares, confundiendo a los consumidores y debilitando la efectividad de medidas como las ZBE. Porque si todo el mundo tiene etiqueta “ECO”, ¿qué sentido tiene limitar el acceso a los centros urbanos?
La falta de precisión del etiquetado también tiene consecuencias en la credibilidad institucional. Los ciudadanos perciben, con razón, que las normas no se aplican con rigor y que los privilegios no responden a criterios ambientales, sino de conveniencia comercial.
La alternativa está sobre la mesa desde hace años. Las organizaciones reclaman que la etiqueta CERO se reserve exclusivamente a vehículos de emisiones cero, como los eléctricos puros.
Los híbridos enchufables, con sus emisiones variables, deberían pasar a una nueva etiqueta denominada D en la propuesta de 2020, que recoja a vehículos con emisiones inferiores a 95 g/km de CO₂.
También se propone incorporar colores más intuitivos para que los consumidores puedan identificar rápidamente el impacto real del coche que van a comprar. Pero todo esto sigue sin aplicarse.
La DGT, dependiente del Ministerio del Interior, continúa gestionando una herramienta de impacto ambiental sin contar con el Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Tiene sentido que el criterio climático esté en manos del departamento que regula el tráfico?.
¿Seguirá escondida esta reforma en un cajón hasta que el consenso la momifique?. ¿Crees que los híbridos deberían seguir teniendo privilegios?.
