Lo que antes era un sistema dominado por gas y carbón, hoy lo lideran la solar y la eólica, en una transformación energética que ha redefinido el modelo eléctrico español.

En 2006, el sistema eléctrico español aún tenía una estructura clásica, heredada del siglo XX, donde los combustibles fósiles eran los grandes protagonistas.
Cerca de la mitad de la capacidad instalada del país se apoyaba en fuentes contaminantes como el carbón y el gas.
Por entonces, las energías renovables eran todavía una promesa: una eólica incipiente y una solar marginal que empezaban a asomarse tímidamente en el mix energético, sostenidas por incentivos públicos y una cierta voluntad política que todavía no era mayoritaria.
La hidráulica y la nuclear completaban el panorama, cada una con un rol bien definido, pero sin capacidad para alterar el dominio fósil.
Casi veinte años después, en 2025, el panorama ha cambiado de forma radical. La transformación no ha sido solo tecnológica, sino también estructural, económica y política.
La fotografía actual del sistema eléctrico español presenta un reparto completamente distinto. La energía solar se ha convertido en la primera fuente en términos de capacidad instalada, con un 29 % del total, seguida de cerca por la eólica, que alcanza un 25 %.
Por primera vez, las renovables no solo compiten en el mercado, sino que lo lideran por derecho propio. Los combustibles fósiles han retrocedido al 23 % del total, dejando atrás el protagonismo que ostentaban en 2006.
La hidráulica mantiene una presencia significativa, aunque reducida en términos relativos, con un 13 %. Y la energía nuclear, envuelta en debates constantes sobre su papel de futuro, representa ya solo un 5 % de la capacidad instalada del país.
Este cambio no se explica únicamente por una cuestión de voluntad ecológica. La evolución ha estado impulsada por varios factores clave, empezando por el proceso de liberalización del sistema eléctrico, promovido desde Bruselas.
A finales del siglo XX, España contaba con un sistema altamente centralizado y verticalmente integrado, donde unas pocas grandes compañías controlaban todas las fases de la cadena: desde la generación hasta la distribución y comercialización de la energía.
La directiva europea que impuso la separación de actividades forzó una reestructuración profunda.
Nacieron figuras especializadas: el operador del sistema, las distribuidoras, las comercializadoras y los productores independientes. Esta fragmentación fue el primer paso para un mercado más competitivo, transparente y abierto a nuevos actores.
La creación de un mercado mayorista, donde los precios se forman por la interacción entre oferta y demanda, cambió por completo la lógica del sistema.
A través de OMIE, el operador del mercado ibérico, se realizan diariamente subastas en las que los generadores compiten para vender su electricidad, y las comercializadoras adquieren la energía que luego ofrecerán a sus clientes.
Los consumidores, por su parte, ganaron la capacidad de elegir proveedor, introduciendo un elemento de presión que impulsó la innovación, la eficiencia y la búsqueda de mejores condiciones.
En ese entorno más competitivo y descentralizado, las energías renovables encontraron una ventana de oportunidad. Durante los primeros años, su despliegue estuvo fuertemente apoyado por incentivos públicos.
Pero con el tiempo, y gracias a la bajada constante de costes, especialmente en la fotovoltaica, comenzaron a imponerse también por su rentabilidad.
La tecnología avanzó más rápido de lo que muchos preveían, y los precios de instalación de nuevas plantas solares y eólicas se desplomaron, haciendo innecesarios muchos de los subsidios que las impulsaron en sus inicios.
Hoy, las renovables entran en el mercado sin necesidad de ayudas, ofreciendo precios competitivos y generando interés incluso entre los grandes inversores internacionales.
La expansión renovable ha ido acompañada de nuevos modelos de consumo y generación. El autoconsumo, tanto individual como colectivo, ha crecido de forma sostenida.
Las comunidades energéticas, basadas en la producción y consumo compartido, han encontrado un hueco en la legislación y en el interés ciudadano.
Además, los contratos PPA (Power Purchase Agreements), que permiten acuerdos de compra directa entre generadores y grandes consumidores, han reforzado la viabilidad financiera de muchos proyectos.
Todos estos elementos han contribuido a configurar un ecosistema más diverso, dinámico y resiliente.
Pero la transición energética no se limita al crecimiento de las renovables. También exige una transformación profunda en la forma de operar el sistema.
La producción eólica y solar depende de factores climatológicos, por lo que su variabilidad introduce desafíos técnicos importantes.
Para asegurar el equilibrio entre generación y consumo, y mantener la estabilidad de la red, se hace imprescindible desarrollar soluciones de almacenamiento a gran escala.
Las baterías, como sistema de almacenamiento energético, están empezando a asumir ese rol.
Su función no es solo almacenar energía cuando sobra, sino también liberarla cuando el sistema lo necesita, actuando como amortiguador ante los picos de demanda o las caídas de producción.
La electrificación de sectores clave como el transporte, la industria o los edificios también ha ganado protagonismo.
Este proceso, que se espera que se acelere en la próxima década, convierte al sistema eléctrico en el verdadero corazón de la descarbonización. Y precisamente por eso, el sistema debe ser más flexible, inteligente y capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades del país.
En este contexto, los modelos de previsión energética se han convertido en herramientas estratégicas. Ya no se trata solo de estimar cuánta energía se va a consumir mañana.
Se trata de anticipar escenarios, minimizar riesgos y optimizar la inversión. Las empresas que gestionan el sector, desde operadores de red hasta comercializadoras, utilizan modelos cada vez más sofisticados para tomar decisiones informadas.
Una previsión fiable puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un entorno cada vez más competitivo.
La evolución del sistema eléctrico español entre 2006 y 2025 es mucho más que una transición tecnológica. Es un cambio de paradigma que afecta a toda la cadena de valor: desde el diseño institucional hasta el comportamiento del consumidor.
Un proceso que no ha estado exento de tensiones, debates y ajustes regulatorios, pero que ha colocado a España en una posición destacada dentro del mapa energético europeo.
El país ha demostrado que es posible abandonar progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles sin comprometer la seguridad de suministro ni la competitividad económica.
Queda todavía camino por recorrer, especialmente en lo que respecta al almacenamiento, la gestión de la demanda y la interconexión con otros países.
Pero lo que parecía una utopía hace veinte años, hoy es una realidad palpable: España se encuentra en plena consolidación de un sistema eléctrico moderno, renovable y preparado para liderar la transición energética del siglo XXI.
Fuente de datos: Aleasoft.





