Sara Aagesen acaba de anunciar un impulso decisivo para integrar más energías renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
España destinará 839,7 millones de euros a 143 proyectos de almacenamiento energético, una cifra que representa un incremento del 20 % respecto al presupuesto inicial previsto.
Esta convocatoria, financiada por los fondos europeos FEDER 2021-2027 y gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha superado todas las previsiones del Gobierno, al registrar 1.750 solicitudes.
Los proyectos seleccionados abarcan distintas modalidades tecnológicas: 81 de almacenamiento hibridado, 42 con baterías independientes, 17 de almacenamiento térmico y 3 de bombeo.
En conjunto, representan una capacidad adicional de 2,4 GW de potencia y 8,9 GWh de almacenamiento. Las instalaciones deberán estar operativas antes del 31 de diciembre de 2029, y el plazo máximo para ejecutar los trabajos será de 36 meses a partir de la concesión definitiva.
Las ayudas forman parte del programa PINALM y responden a una estrategia nacional de refuerzo del sistema eléctrico mediante la incorporación de tecnologías de almacenamiento.
La intención del Ejecutivo es facilitar una mayor integración de energías renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles, favoreciendo la descarbonización del sistema energético español.
La selección de los proyectos ha seguido una distribución regional en función del presupuesto asignado a cada comunidad autónoma, en línea con el objetivo de los fondos FEDER de reducir las disparidades territoriales dentro de la Unión Europea.
En primera instancia, los expedientes se han ordenado por puntuación hasta agotar los fondos regionales. Posteriormente, se han redistribuido los excedentes entre los proyectos restantes de la misma comunidad y, en una tercera ronda, entre las zonas consideradas en transición.
Andalucía es la comunidad que acoge un mayor número de proyectos, con un total de 39. Le siguen Cataluña, con 17, la Comunitat Valenciana, con 14, Castilla-La Mancha y Extremadura, con 11 cada una, y Galicia, con 10.
Esta distribución refleja el criterio de priorización hacia las regiones menos desarrolladas o en transición, conforme a los lineamientos establecidos por la Autoridad de Gestión del FEDER.
Para facilitar la ejecución de los proyectos, los beneficiarios podrán solicitar anticipos de hasta el 100 % del importe concedido. Esta medida busca asegurar que los promotores cuenten con liquidez inmediata una vez aprobada la resolución definitiva, prevista antes de finalizar el año.
Además de su impacto en el sistema eléctrico, la convocatoria se alinea con las metas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Plan REPowerEU, ambos orientados a lograr un sistema energético más resiliente, eficiente y libre de emisiones.
El refuerzo del almacenamiento no solo permitirá estabilizar la producción intermitente de fuentes renovables, sino que también aspira a reducir los costes energéticos y garantizar el suministro ante escenarios de alta demanda.
La iniciativa forma parte de una política más amplia de apoyo al almacenamiento energético. A los fondos FEDER se suman los programas financiados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ya ha canalizado 730 millones de euros adicionales desde 2021.
Estas subvenciones anteriores han respaldado tanto instalaciones innovadoras como proyectos de I+D y actuaciones en entornos insulares.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado esta estrategia como una vía para fomentar el desarrollo de un tejido industrial europeo especializado en almacenamiento, capacitado para fabricar, ensamblar y mantener equipos con distintas tecnologías.
Esta industrialización se plantea como una continuación del proceso vivido por los sectores eólico y fotovoltaico en España, donde se ha logrado una alta autosuficiencia tecnológica.
La orden que regula esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de mayo de 2025. Desde entonces, el interés por parte del sector energético ha sido notable, lo que ha obligado al Gobierno a reformular las expectativas iniciales.
Aunque en un principio se esperaba financiar entre 80 y 120 proyectos con una dotación de 700 millones, finalmente se han admitido 143 expedientes, con un presupuesto ampliado hasta los casi 840 millones.
Esta ampliación presupuestaria, aunque celebrada como un éxito por el volumen de propuestas recibidas, también implica un reto adicional para las administraciones responsables de gestionar y supervisar los proyectos.
La velocidad en la concesión de las ayudas, así como el elevado volumen de solicitudes, obligan a un esfuerzo de coordinación entre distintos niveles de la administración pública y los agentes implicados.
La estrategia española en materia de almacenamiento energético también se enmarca dentro de los compromisos europeos para acelerar la transición ecológica.
El almacenamiento es considerado un elemento clave para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico y garantizar la integración masiva de renovables.
La Comisión Europea ha señalado en varias ocasiones que los Estados miembros deben reforzar sus infraestructuras energéticas como condición para alcanzar los objetivos de neutralidad climática en 2050.
La apuesta española por el almacenamiento energético posiciona al país como uno de los principales actores europeos en este ámbito.
Tanto por volumen de ayudas como por el número de proyectos movilizados, la actual convocatoria representa un hito en la política energética nacional.
Su desarrollo en los próximos años será determinante para evaluar no solo el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también la capacidad del sistema público para transformar los fondos europeos en una infraestructura real y operativa.
