Con el reloj en contra, los ayuntamientos deben justificar más de 2.400 millones de euros en autobuses eléctricos, puntos de recarga, carriles bici, zonas de bajas emisiones……
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se encuentra en plena recta final para ejecutar más de 2.400 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.
La meta es ambiciosa: transformar la movilidad en ciudades y municipios de toda España, reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.
Sin embargo, no todos los territorios han sido capaces de subirse al tren de esta transformación.
Desde 2021, el Ministerio ha articulado las ayudas en tres grandes líneas: administraciones locales, comunidades autónomas y actuaciones directas desde la Dirección General de Carreteras.
De los 2.400 millones anunciados, 1.500 millones se canalizaron hacia ayuntamientos mediante convocatorias públicas en 2022 y 2023.
Pero no todos los consistorios han podido aprovechar esta oportunidad: 24 municipios han renunciado a los fondos por no cumplir con los plazos de ejecución. A día de hoy, 179 ayuntamientos siguen adelante con 987 proyectos de movilidad sostenible.
Además, se transfirieron 900 millones a las comunidades autónomas para actuaciones en su ámbito competencial.
Esta financiación se distribuyó proporcionalmente según la población, tras un acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial del Transporte de noviembre de 2021.
Hasta el momento, las comunidades han iniciado 182 proyectos, de los que 91 ya han finalizado.
La lentitud en la ejecución de algunos planes autonómicos genera dudas sobre si se llegará al 100% antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite para justificar los fondos.
Paralelamente, el Ministerio ha impulsado actuaciones desde la Dirección General de Carreteras para adecuar carreteras estatales al paso de peatones y ciclistas.
En total, se han invertido 117 millones en 36 obras repartidas por 33 municipios. A esto se suman 44 kilómetros de nuevos carriles bici y más de 102 kilómetros de itinerarios peatonales.
Entre las actuaciones más destacadas figura la implementación de Zonas de Bajas Emisiones, con una inversión de casi 145 millones.
Estas zonas, obligatorias para municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 si superan los límites de contaminación, se han implantado en 80 localidades.
Sin embargo, algunos municipios aún no han puesto en marcha sus zonas pese a que el marco legal lo exige desde enero de 2023.
En cuanto al impulso de la movilidad activa, entendida como el fomento de desplazamientos a pie, en bici o en vehículos de movilidad persona, se han destinado cerca de 830 millones.
Gracias a esta financiación, se han construido o están en proceso más de 695 kilómetros de carriles bici.
También se ha invertido en accesibilidad, peatonalización, aparcamientos para bicicletas y sistemas públicos de alquiler.
Otra línea relevante es el calmado del tráfico, con una inversión de más de 288 millones. Se han impulsado aparcamientos disuasorios, zonas de estacionamiento regulado, intermodalidad y mejoras en la distribución urbana de mercancías.
El objetivo es reducir la velocidad del tráfico rodado en los núcleos urbanos, aunque los efectos reales de estas medidas a largo plazo aún están por ver.
El transporte público también ha sido una prioridad. Más de 550 millones se han destinado a electrificación, mejora de líneas de metro, tranvía, infraestructuras de accesibilidad y creación de carriles bus.
Trece comunidades autónomas han desarrollado proyectos en este ámbito, aunque el ritmo de ejecución también varía mucho entre territorios.
El plan también contempla la renovación de flotas de transporte público. En total, se han asignado más de 339 millones para la compra de autobuses eléctricos y la instalación de puntos de recarga.
Se estima que al menos 837 nuevos vehículos eléctricos entrarán en funcionamiento en 53 municipios.
Pero la electrificación de flotas aún está lejos de ser una realidad generalizada, y muchos ayuntamientos denuncian los costes de mantenimiento como un freno adicional.
Por último, la digitalización del transporte ha recibido una inversión de más de 200 millones. Esta incluye desde apps de ticketing y planificación de viajes, hasta paneles inteligentes, tarjetas digitales y sistemas de movilidad inteligente.
Aunque se espera que estas herramientas mejoren la experiencia del usuario, en muchas ciudades todavía no están operativas.
A día de hoy, 583 proyectos ya han sido concluidos, mientras que 611 siguen en ejecución. El reto está en finalizar todas las obras antes de que finalice 2025 y justificar correctamente el gasto para evitar sanciones o devoluciones de fondos a Bruselas.
En este contexto, el Ministerio ha lanzado un «visor web» para consultar todas las actuaciones en marcha. Una herramienta que pretende mostrar transparencia, pero que también deja entrever las diferencias de ritmo entre territorios y la desigual capacidad de absorción de fondos.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca un objetivo claro: reducir un 35% el tráfico privado en las ciudades.
Pero para lograrlo no bastan inversiones millonarias. Hará falta compromiso político, coordinación institucional y, sobre todo, voluntad real de transformar la forma en que nos movemos.