La historia se repite: el año pasado también se rechazó un decreto similar pero terminó aprobándose tras una segunda votación.
En una votación clave celebrada el 27 de enero, el Congreso de los Diputados rechazó el Real Decreto-ley 16/2025, lo que implica la anulación de la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, un incentivo que estaba previsto prorrogar hasta finales de 2026.
Esta medida, que beneficiaba hasta 3.000 euros por coche eléctrico adquirido y hasta 600 euros por punto de carga doméstico, ha quedado fuera de juego por apenas siete votos de diferencia.
La votación, que se resolvió con 178 votos en contra y 171 a favor, supuso un duro golpe tanto para los consumidores como para el sector del automóvil, que ya venía de una situación incierta tras la expiración del Plan Moves III el pasado 31 de diciembre.
Esta falta de continuidad en los programas de apoyo público se ha convertido en un patrón en la política española de electrificación del transporte, afectando no solo a la confianza del consumidor, sino también a las estrategias de los fabricantes y distribuidores.
Lo ocurrido no es nuevo. El año pasado, la extensión del Moves III también fue inicialmente rechazada como parte de otro decreto ómnibus, y solo fue posible su reactivación mediante una nueva norma específica.
Ahora, el escenario se repite: si el Gobierno quiere mantener este incentivo fiscal, deberá presentar un nuevo real decreto-ley que logre el respaldo del Parlamento.
Mientras tanto, miles de compradores que habían planificado su inversión en base a este beneficio se encuentran en un limbo fiscal.
La deducción anulada estaba en vigor desde julio de 2023 y permitía desgravar en el IRPF un 15% del coste de adquisición de vehículos electrificados, incluyendo tanto eléctricos puros como híbridos enchufables, hasta un máximo de 20.000 euros de base, lo que se traducía en una deducción máxima de 3.000 euros.
Para los puntos de recarga, el incentivo era del mismo porcentaje sobre una base máxima de 4.000 euros, es decir, hasta 600 euros de rebaja fiscal.
Estos beneficios estaban pensados exclusivamente para particulares y no se aplicaban si el vehículo o el cargador se utilizaban con fines profesionales.
La medida formaba parte de un decreto-ley de carácter ómnibus que también abordaba otros aspectos como la revalorización de las pensiones, la prórroga del escudo social frente a desahucios y cortes de suministros, y exenciones fiscales por catástrofes naturales.
La inclusión de tantas iniciativas en un único paquete normativo ha vuelto a provocar que no se haya aprobado en el congreso, al igual que sucedió el año pasado.
Desde la industria, la reacción no se hizo esperar. La patronal ANFAC denunció el impacto negativo que tendrá esta decisión en un momento en el que el mercado español había comenzado a despegar: en 2025 se superaron las 245.000 matriculaciones de vehículos electrificados, lo que representó cerca del 18% del mercado.
Un avance que, según los fabricantes, se logró gracias a la combinación de varias palancas: las ayudas del Moves III, la deducción del IRPF ahora anulada y los incentivos propios de algunas comunidades autónomas.
ANFAC exige al Gobierno no solo la reactivación inmediata de esta deducción fiscal, sino también la aprobación urgente del nuevo Plan Auto+, anunciado como el sucesor del Moves III.
La patronal insiste en que ambas medidas deberían aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, para no penalizar a los compradores que han tomado decisiones en función de unas reglas fiscales que ahora han cambiado súbitamente.
La falta de visibilidad y estabilidad en las políticas de ayudas, subraya la asociación, puede frenar la curva de adopción precisamente en el momento en que empezaba a ganar tracción.
A esta incertidumbre se suma la indefinición del propio Plan Auto+. Aunque el Ministerio de Industria y Turismo ya había trazado sus bases junto a fabricantes y concesionarios, a día de hoy lo único que son visibles, son las especulaciones.
En definitiva, España se encuentra en un momento crítico para el futuro del coche eléctrico. Con la eliminación de la deducción fiscal en el IRPF y sin un plan de ayudas en vigor, los compradores carecen ahora mismo de incentivos claros y previsibles.
La industria observa con preocupación cómo se detiene la maquinaria institucional que había empezado a impulsar la electrificación del parque automovilístico nacional.
Mientras otros países europeos refuerzan sus estrategias de apoyo a la movilidad sostenible, el mercado español corre el riesgo de quedar rezagado en plena carrera hacia la descarbonización.
El tiempo corre, y cada semana de incertidumbre supone potenciales miles de matriculaciones perdidas. La clave ahora está en si el Gobierno será capaz de recomponer rápidamente un nuevo marco de ayudas que aporte claridad y confianza, o si continuará este vaivén legislativo que erosiona la credibilidad de las políticas públicas en torno al coche eléctrico.
