Una solicitud presentada en 2023 se convirtió en una pesadilla de formularios, certificados y requisitos imposibles.

Después de adquirir un coche eléctrico, José Ignacio Pérez Melgar decidió instalar un punto de carga doméstico.
Lo que parecía un trámite sencillo acabó convirtiéndose en una pesadilla burocrática que ha durado más de dos años. Todo por intentar cobrar la ayuda pública del Plan MOVES III.
La historia comenzó en febrero de 2023, cuando registró la solicitud para acogerse a las ayudas. Durante más de un año no recibió respuesta clara.
En junio de 2024, la administración le envió un correo sin información sobre la resolución: simplemente le avisaban de que tenía una notificación en la sede electrónica.
Sin enlaces directos, sin resumen, sin indicios de si la ayuda había sido concedida o denegada. Solo un aviso genérico que obligaba al solicitante a rastrear por su cuenta.
En septiembre recibió un mensaje que se daba por cerrado el proceso: no se había presentado la solicitud de liquidación. Una afirmación que, según él, no era cierta.
La llamada telefónica que realizó a continuación arrojó una de las respuestas más surrealistas del proceso: le dijeron que había tenido suerte, porque al coincidir con las vacaciones de verano de los funcionarios, su expediente seguía abierto. Esa casualidad fue la única razón por la que pudo continuar.
A partir de ahí, el problema dejó de ser de tiempos y se convirtió en una cuestión de exigencias desmedidas.
Para justificar los 775,71 euros de ayuda, tuvo que entregar una cantidad de documentos que roza el absurdo: justificantes bancarios sellados, certificado de titularidad de cuenta, contrato firmado del suministro del cargador, boletín eléctrico registrado, fotografías, certificado de empadronamiento, declaraciones responsables, documentación de Hacienda y Seguridad Social…….
Entre ellos, el documento DNSH, que acredita que el proyecto no causa daños significativos al medio ambiente. Todo esto para una instalación que ya estaba hecha, pagada y funcionando.
Lo más llamativo del caso es que en ningún momento hubo dudas técnicas sobre la instalación ni sobre el cumplimiento de los requisitos.
No se trataba de corregir errores o de detectar fraudes, sino de cumplir con una burocracia desmedida, llena de formularios, requisitos cruzados y notificaciones que se pierden en plataformas poco intuitivas.
Lo fácil, dice José Ignacio, fue poner el cargador. Lo difícil, demostrar que existe.
Este caso no es único. Usuarios de todo el país comparten experiencias similares con el Plan MOVES III: plazos que se dilatan durante meses, ayudas que tardan un año en cobrarse, y solicitudes que se ven rechazadas por no cumplir con trámites secundarios o por presentar documentación que no encaja exactamente con el formato requerido.
En muchas comunidades autónomas los fondos se agotan en semanas. En otras, la información llega a los solicitantes de forma fragmentada, o directamente, no llega.
Aunque el Plan MOVES III parte de una idea positiva, incentivar la transición a la movilidad eléctrica, en la práctica muchos ciudadanos se encuentran con más obstáculos que facilidades.
El caso de José Ignacio ilustra cómo una política pensada para acelerar el cambio puede terminar desmotivando a quienes ya lo han hecho.
La instalación no fue el problema. Lo fue justificarla ante una administración que parece más interesada en tramitar papeles que en facilitar el proceso.
Lo que plantea su historia no es una anécdota más. Es un aviso de que el sistema actual no está funcionando como debería.
Si la transición energética depende del compromiso de los ciudadanos, lo mínimo es que las personas no tengan que enfrentarse a una carrera de obstáculos solo para recibir una ayuda.
José Ignacio preguntaba en su publicación si realmente tiene sentido que el papeleo pese más que el propio coche. Esa pregunta sigue sin respuesta.
El malestar que refleja su caso ya es compartido por muchos. Y mientras tanto, cada expediente como el suyo se convierte en un freno más para la nueva movilidad.
No por falta de voluntad ciudadana, sino por un sistema que parece más diseñado para disuadir que para impulsar el cambio.
En coches-electricos.org recogemos historias reales de las personas que están dando el paso a la movilidad eléctrica.
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