La provincia de Ávila acaba de poner en marcha un proyecto que puede marcar un antes y un después en la forma de producir y consumir energía en el medio rural.
Cinco municipios de la comarca de La Moraña, Adanero, Gotarrendura, Mingorría, Muñosancho y Bernuy de Zapardiel, han constituido oficialmente la comunidad energética “Morania”, una iniciativa que nace con un objetivo muy concreto: generar parte de la electricidad que consumen sus vecinos mediante instalaciones fotovoltaicas compartidas y hacerlo desde una estructura común que permita reducir costes, aumentar la autonomía energética y liberar recursos económicos para los ayuntamientos.
La presentación de Morania ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, que ha definido esta iniciativa como “una herramienta que permitirá en el futuro prosperidad, en materia de progreso, pero también, sin olvidar, aspectos como son la eficiencia y la sostenibilidad local”.
Para la Diputación, se trata de la comunidad energética más grande puesta en marcha hasta ahora en el medio rural abulense y, además, una de las primeras experiencias de carácter supramunicipal tanto en Castilla y León como en el conjunto de España.
Hasta ahora, las comunidades energéticas que habían comenzado a surgir en distintos puntos del país tenían, en la mayoría de los casos, un ámbito exclusivamente local.
Eran proyectos ligados a un solo municipio, a una cooperativa concreta o a un conjunto reducido de consumidores. Morania introduce una novedad relevante: varios pueblos se agrupan en una misma estructura jurídica para compartir inversiones, gestión y consumo energético.
Esa dimensión supramunicipal es precisamente la que, según los impulsores, permitirá ganar escala y hacer económicamente viable un modelo que sería mucho más difícil de desarrollar por separado.
El proyecto comenzó a tomar forma hace aproximadamente un año. Los cinco municipios, asesorados por la Agencia Provincial de la Energía dependiente de la Diputación de Ávila, iniciaron entonces los trabajos para crear una comunidad energética común.
El acta fundacional se firmó en noviembre de 2025 y la constitución formal de Morania tuvo lugar el 16 de febrero de 2026. Desde entonces, la nueva entidad ya cuenta con forma jurídica y se ha marcado este año 2026 como el plazo para desarrollar sus primeras instalaciones.
La idea es sencilla sobre el papel, aunque ambiciosa en su ejecución. Cada uno de los cinco municipios contará con una instalación fotovoltaica propia situada en edificios municipales, principalmente en los tejados de los ayuntamientos o de otras dependencias públicas.
No se plantea, por tanto, la creación de grandes huertos solares ni la ocupación de suelo agrícola. Según explicó Óscar Zurdo, CEO de NewPulso, la empresa implicada en el desarrollo técnico del proyecto, las instalaciones se colocarán en cubiertas y en zonas urbanas o urbanizables.
Cada municipio dispondrá inicialmente de pequeñas instalaciones de entre 30 y 40 kW de potencia destinadas al autoconsumo compartido. La electricidad producida por esas placas solares se repartirá entre los vecinos, negocios y administraciones locales que decidan adherirse a la comunidad energética.
El objetivo final es cubrir una parte significativa de las necesidades energéticas de los cinco pueblos mediante una generación distribuida y de proximidad.
La lógica económica detrás del proyecto resulta especialmente importante para municipios pequeños, donde la factura de la electricidad pesa cada vez más en los presupuestos municipales.
El alcalde de Muñosancho, Rufino Gutiérrez, explicó que uno de los principales beneficios de Morania será precisamente la reducción de costes. Al producir su propia energía, los ayuntamientos podrán pagar menos por el suministro eléctrico y, además, al agruparse bajo una única comercializadora, conseguirán condiciones más favorables.
“Nos ahorrará costes porque los precios se abaratarán ya que no es lo mismo tener 40 que 400 clientes”, resumió el regidor. Esa economía de escala es una de las claves del proyecto.
En municipios pequeños, la capacidad de negociación frente a las compañías eléctricas suele ser muy limitada. Sin embargo, al sumar a los cinco pueblos y a todos los usuarios que se incorporen, la comunidad energética puede actuar como un único gran consumidor y, al mismo tiempo, como un productor de electricidad.
La consecuencia directa, según los ayuntamientos implicados, será una menor exposición a las fuertes oscilaciones del precio de la luz que se han vivido en los últimos años.
La crisis energética derivada de la subida de los precios del gas y de la volatilidad de los mercados mayoristas ha tenido un impacto especialmente duro en el mundo rural, donde muchos consistorios dedican una parte creciente de sus presupuestos a alumbrado público, edificios municipales o instalaciones básicas.
Carlos García insistió precisamente en esa idea al señalar que Morania tiene más sentido que nunca en un contexto de incertidumbre energética. La nueva comunidad permitirá “comenzar a generar y consumir parte de la energía de forma conjunta” y reducirá la dependencia exterior de unos municipios que, hasta ahora, eran completamente ajenos al proceso de producción de la electricidad que consumían.
Ese ahorro económico no se plantea únicamente como una forma de aliviar las cuentas municipales. Los alcaldes de los cinco pueblos subrayan que el dinero que deje de destinarse a la factura energética podrá emplearse en otros fines.
La alcaldesa de Gotarrendura, Yolanda de Juan, aseguró que el proyecto permitirá mejorar los servicios públicos sin necesidad de subir impuestos. En su opinión, la comunidad energética no debe verse como una iniciativa compleja o lejana, sino como una herramienta práctica que tendrá efectos visibles en la vida cotidiana de los vecinos.
“No se subirán impuestos para cubrir gastos y se reflejará en los servicios diarios”, señaló. Ese argumento se repite entre todos los responsables municipales.
Si los ayuntamientos gastan menos en electricidad, podrán destinar esos recursos a inversiones, mantenimiento urbano, servicios sociales o actividades económicas sin aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos.
La dimensión social del proyecto ocupa también un lugar destacado. Según explicó la alcaldesa de Gotarrendura, un 10% de la producción energética de Morania se reservará para beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad.
La intención es que las familias con mayores dificultades económicas puedan acceder a una parte de la electricidad generada por la comunidad y reducir así el impacto de la factura de la luz.
Esta medida convierte a Morania en algo más que un simple proyecto de autoconsumo. Los promotores quieren que funcione como una herramienta de cohesión social y de lucha contra la pobreza energética, un problema cada vez más visible en pequeños municipios con población envejecida y rentas limitadas.
La iniciativa aspira además a tener efectos positivos sobre el empleo local. El alcalde de Mingorría, Juan Ignacio Sánchez, defendió que el despliegue de las instalaciones fotovoltaicas y la gestión posterior de la comunidad energética deberían recaer, siempre que sea posible, en profesionales y empresas de la zona. Serán ellos quienes monten las placas, realicen las altas y bajas de los usuarios y se encarguen del mantenimiento.
La idea es que la riqueza generada por Morania permanezca en el territorio. Según Sánchez, la producción de energía puede convertirse en una “locomotora” para dinamizar la economía local, favorecer la actividad de pequeñas empresas y contribuir incluso a fijar población.
En una comarca como La Moraña, marcada por el envejecimiento y la despoblación, cualquier iniciativa capaz de generar empleo y mejorar los servicios adquiere una importancia especial.
La alcaldesa de Adanero, Natalia Torrecilla, insistió igualmente en la necesidad de avanzar hacia una mayor independencia energética.
En su opinión, la comunidad permitirá que familias, empresas y administraciones locales sean menos vulnerables frente a las subidas del precio de la electricidad. Ese autoconsumo compartido reducirá costes y hará posible que los recursos económicos liberados se destinen a otros objetivos.
Adanero ostenta actualmente la presidencia de Morania, mientras que Gotarrendura asume la secretaría de la comunidad energética.
La estructura queda abierta a la incorporación de nuevos municipios. De hecho, durante la presentación del proyecto, Carlos García avanzó que otros ayuntamientos de La Moraña, como Cantiveros o Cisla, ya han mostrado interés por adherirse en el futuro.
La posibilidad de ampliar Morania resulta especialmente relevante porque el modelo gana eficacia a medida que aumenta el número de participantes. Más consumidores implican una mayor capacidad de inversión, una mejor negociación con las comercializadoras y un reparto más eficiente de la energía generada.
Sin embargo, para que el proyecto se materialice plenamente todavía queda un elemento decisivo: la financiación. Las primeras inversiones, incluida la instalación de las placas solares, dependerán de fondos europeos y de ayudas procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los responsables de la comunidad energética confían en poder acceder a esas líneas de apoyo durante los próximos meses.
El recurso a financiación europea no es casual. Las comunidades energéticas se han convertido en uno de los ejes de la transición energética impulsada desde Bruselas.
La Unión Europea considera que estos modelos permiten democratizar la producción de energía, reducir emisiones y repartir de una forma más equitativa los beneficios de las renovables.
Morania encaja plenamente en esa estrategia, aunque con una particularidad: traslada ese esquema al medio rural y a municipios muy pequeños, donde este tipo de iniciativas todavía son excepcionales.
Si el proyecto cumple las expectativas, los cinco pueblos de La Moraña podrían convertirse en un referente para otras zonas rurales de España.
La combinación de autoconsumo compartido, cooperación entre municipios, beneficios sociales y participación local dibuja un modelo diferente al de las grandes instalaciones renovables promovidas desde fuera del territorio.
En un momento en el que la transición energética suele asociarse a macroparques solares o eólicos, Morania propone otra vía: pequeñas instalaciones repartidas por los propios pueblos, controladas por los ayuntamientos y los vecinos, y orientadas a reducir costes y mejorar la vida cotidiana.
La importancia de esta iniciativa no reside únicamente en los kilovatios que pueda generar, sino en demostrar que incluso municipios pequeños, con pocos recursos y escasa población, pueden organizarse para ganar autonomía energética y aprovechar directamente los beneficios de las renovables.
