El Ayuntamiento de Santander se enfrenta a un desafío monumental, implantar su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de que finalice el año 2025.
En juego están 342.000 euros de financiación europea y un 30% de la bonificación estatal para el transporte público, un coste que podría recaer directamente sobre las arcas municipales si el proyecto no se concreta a tiempo.
El escenario es complejo y las alarmas han comenzado a sonar no solo en la capital cántabra, sino también en Bruselas y en el Ministerio de Transportes, que ya miran con lupa el incumplimiento de los plazos.
El proyecto de la ZBE estaba previsto para arrancar el 1 de enero de 2023, un horizonte que se difuminó entre trámites administrativos y una falta de urgencia palpable.
No fue hasta este año cuando el Ayuntamiento, tras múltiples retrasos, consiguió los datos medioambientales necesarios para definir las áreas afectadas.
La zona de bajas emisiones de Torrelavega ya está en funcionamiento.
Además, ya ha adjudicado tanto el contrato para la redacción del proyecto, en manos de WSP-Spain APIA S.A., como la gestión de la plataforma de control a Estacionamientos y Servicios S.L., que tendrá la responsabilidad de implementar el sistema durante los próximos cinco años.
Sin embargo, aún quedan pasos cruciales: la entrega del mapa definitivo de la ZBE y la aprobación de la ordenanza que regulará su funcionamiento.
La Junta de Gobierno Local adjudicó en marzo de 2024 a Estacionamientos y Servicios S.L. el contrato para la implantación de una plataforma de gestión y control de la ZBE, con un presupuesto de 1.623.496,26 euros, cofinanciado en gran parte por la Unión Europea.
El contrato establece un plazo de ocho meses para la puesta en marcha del sistema, siempre y cuando se disponga del mapa de zonificación. No obstante, el Ayuntamiento aún no ha publicado este documento, lo cual podría poner en riesgo el cronograma previsto.
Las consecuencias de un nuevo retraso serían severas. Santander se arriesga no solo a devolver los 342.000 euros recibidos para la implantación de la ZBE, sino también a perder el 30% de la bonificación que el Ministerio de Transportes cubre en el transporte público, una ayuda vital para mantener el coste del servicio a los ciudadanos.
Cabe recordar que el transporte público en la ciudad está subvencionado en un 50%, de los cuales el 30% es asumido por el Ministerio, un porcentaje que podría desaparecer si la ZBE no se materializa antes del próximo año.
El sistema previsto para la ZBE incluirá 20 puntos de control de accesos mediante cámaras inteligentes, que estarán conectadas por fibra óptica al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) municipal.
La infraestructura permitirá monitorizar el tráfico y restringir el acceso a los vehículos que no cumplan con los estándares medioambientales establecidos.
Además, el contrato contempla la integración de las estaciones de calidad del aire instaladas en diez puntos de la ciudad, así como un software de gestión para el control de accesos.
Valladolid se prepara para la llegada definitiva de la Zona de Bajas Emisiones.
Pese a que el concejal de Movilidad, Agustín Navarro, aseguraba hace meses que Santander había recibido una inyección de 6,6 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los avances han sido mínimos.
La sensación de urgencia parece haberse instalado ahora en las oficinas municipales, conscientes de que el calendario apremia y las consecuencias de no cumplir podrían ser devastadoras para las arcas públicas.
La incertidumbre crece entre los vecinos de Santander, que ven cómo el proyecto se retrasa una y otra vez mientras las ayudas europeas penden de un hilo.
¿Logrará el Ayuntamiento cumplir con los plazos o acabará pagando el precio de la demora?. La cuenta atrás ha comenzado y el margen de error se reduce día a día.
