El autoconsumo energético atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el gran impulso vivido tras la crisis energética de 2022.
Después de varios trimestres marcados por la ralentización de las instalaciones, la caída de la demanda residencial y la incertidumbre provocada por el encarecimiento de la financiación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considera que el sector está a las puertas de un nuevo ciclo de crecimiento.
El mensaje lanzado esta semana por el Ministerio durante la VI Cumbre de Autoconsumo organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) es claro: el Ejecutivo espera un cambio de tendencia al alza y confía en tener aprobado durante el verano de 2026 el nuevo real decreto de autoconsumo, una norma que el sector lleva años reclamando para adaptar la regulación a un mercado muy distinto al de 2019.
El encargado de trasladar esa previsión fue Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del MITECO, que defendió que el mercado puede volver a crecer una vez se reduzcan los efectos derivados de la crisis energética internacional y de la guerra en Irán.
Según explicó, buena parte de la debilidad observada en los últimos meses responde a factores coyunturales y no a un agotamiento del modelo.
“Puede haber un cambio de tendencia en el sector, arrancando el crecimiento”, señaló Redondo durante su intervención, apuntando a que el autoconsumo industrial y los proyectos de mayor tamaño pueden convertirse en el motor de esta nueva etapa si desaparecen parte de las barreras administrativas y regulatorias que todavía frenan su desarrollo.
La previsión llega en un momento especialmente relevante para el sector. España cerró 2025 con 9,3 GW de autoconsumo instalados, una cifra que confirma la expansión vivida en los últimos años, pero que también refleja una clara desaceleración respecto al ritmo de crecimiento registrado tras la invasión rusa de Ucrania.
El fuerte aumento de los precios de la electricidad durante aquel periodo disparó el interés por las instalaciones fotovoltaicas, especialmente en viviendas y pequeñas empresas.
Sin embargo, la posterior caída del precio de la energía, unida al encarecimiento de los tipos de interés y a la saturación de algunos segmentos del mercado, redujo el atractivo económico de muchas instalaciones.
En ese contexto, el nuevo real decreto aparece como una herramienta clave para abrir una segunda fase del autoconsumo en España, más vinculada a la industria, al almacenamiento y a los proyectos colectivos que a la instalación individual sobre tejados residenciales.
La futura norma sustituirá y ampliará parte del marco fijado por el Real Decreto 244/2019, una regulación que fue decisiva para eliminar el llamado “impuesto al sol” y sentar las bases del actual mercado, pero que siete años después empieza a mostrar signos de agotamiento. Desde UNEF recuerdan que la realidad del sector ha cambiado profundamente desde entonces.
Irene Real, directora de Autoconsumo de la patronal, resumió esa situación al afirmar que la normativa vigente “necesita modificaciones para adaptarse a los modelos que hay ahora mismo del autoconsumo”, ya que algunas disposiciones del decreto de 2019 han quedado obsoletas frente a la evolución tecnológica y empresarial del sector.
Uno de los elementos más relevantes que incorporará el nuevo texto será la figura del gestor de autoconsumo. Aunque pueda parecer un cambio menor, se trata de una de las reivindicaciones históricas de las comunidades de vecinos y de las instalaciones colectivas.
Actualmente, cuando un bloque residencial quiere poner en marcha una instalación compartida, cada uno de los participantes debe remitir individualmente su documentación a la distribuidora eléctrica.
El sistema genera una enorme complejidad administrativa, porque cualquier error en uno de los expedientes puede retrasar o bloquear la activación del conjunto de la instalación.
La creación de un gestor único permitirá centralizar toda la tramitación en una sola figura, simplificando el proceso y reduciendo de forma drástica los tiempos de puesta en marcha.
El cambio puede resultar especialmente importante en las ciudades, donde el potencial del autoconsumo colectivo sigue estando muy por debajo de su capacidad real precisamente por las dificultades administrativas.
El nuevo decreto también pretende reforzar otra de las fórmulas llamadas a crecer en los próximos años: el autoconsumo compartido entre diferentes usuarios situados a una mayor distancia de la instalación.
El Real Decreto-ley 7/2026, aprobado recientemente dentro del denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, ya ha dado un primer paso ampliando hasta cinco kilómetros la distancia máxima entre la instalación y los consumidores asociados.
Hasta ahora, el límite existente reducía enormemente las posibilidades de compartir una planta solar en entornos urbanos. Con el nuevo radio de cinco kilómetros, prácticamente la totalidad de una ciudad pequeña o mediana podría participar en una misma instalación de autoconsumo.
Eso abre la puerta a proyectos en los que un colegio, una nave industrial, un supermercado o un edificio municipal instalen paneles y compartan parte de la energía excedentaria con viviendas o negocios próximos.
Precisamente la gestión de esos excedentes será otra de las grandes novedades de la futura regulación. El sector reclama que la norma permita modelos más flexibles, en los que un consumidor principal pueda compartir la electricidad sobrante con otros usuarios.
La idea rompe con el esquema tradicional de una instalación destinada exclusivamente a cubrir el consumo propio de quien la instala. En la práctica, podría darse el caso de una empresa con una gran cubierta fotovoltaica que durante los fines de semana apenas consume electricidad.
Con la nueva regulación, esa energía podría repartirse entre vecinos o pequeños negocios cercanos, aumentando la rentabilidad de la instalación y aprovechando mejor la generación renovable.
Junto al autoconsumo colectivo, el Ministerio quiere impulsar el almacenamiento distribuido, un concepto que hasta hace poco apenas aparecía en el debate energético y que ahora empieza a situarse en el centro de la estrategia del sector.
Hasta ahora, la instalación de baterías domésticas o empresariales estaba asociada casi exclusivamente a la presencia de paneles solares.
Sin embargo, el almacenamiento distribuido plantea un modelo distinto: sistemas de baterías conectados a la red que pueden almacenar energía en las horas más baratas o cuando existe abundante generación renovable, para utilizarla después cuando la demanda es mayor.
Según el MITECO, el nuevo decreto incluirá mecanismos específicos para facilitar este tipo de instalaciones. La intención es convertir las baterías distribuidas en una herramienta capaz de aportar flexibilidad al sistema eléctrico, reducir las congestiones de la red y mejorar el aprovechamiento de la generación renovable.
La medida no llega por casualidad. A medida que aumenta la penetración de la energía solar y eólica, la red eléctrica española necesita nuevas herramientas para gestionar los picos de producción y consumo.
El sector considera que el autoconsumo ya no puede limitarse a producir electricidad, sino que debe convertirse también en un recurso capaz de almacenar, desplazar y compartir energía.
Durante la cumbre organizada por UNEF, empresas, administraciones y expertos coincidieron precisamente en esa necesidad de avanzar hacia un sistema más flexible, donde la demanda pueda adaptarse a la disponibilidad de recursos renovables y a las congestiones existentes en la red.
No obstante, pese al optimismo mostrado por el Gobierno, la patronal fotovoltaica considera que el futuro decreto todavía debería ir más allá en algunos aspectos. UNEF insiste en que es imprescindible simplificar de forma mucho más profunda la tramitación administrativa.
Entre sus principales reivindicaciones figura la ampliación de la compensación simplificada de excedentes para instalaciones de hasta 500 kW de capacidad de acceso.
En la actualidad, muchas instalaciones medianas quedan fuera de este sistema y se ven obligadas a afrontar procedimientos más complejos y menos rentables.
La organización también reclama modificar el régimen de permisos de acceso y conexión. Actualmente, las instalaciones con una potencia superior a 15 kW deben solicitar estos permisos, incluso aunque la energía vertida a la red sea inferior a ese límite.
UNEF propone que la exención se aplique a todas las plantas que inyecten menos de 15 kW, independientemente de la potencia total instalada. La diferencia puede parecer técnica, pero afecta directamente a numerosos proyectos industriales y comerciales.
Una empresa podría instalar una planta de gran tamaño para autoconsumir la mayor parte de la energía y limitar el vertido a la red a menos de 15 kW. Sin embargo, con la normativa actual sigue obligada a realizar trámites complejos que retrasan la puesta en marcha.
Paralelamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia trabaja también en nuevas plataformas digitales destinadas a gestionar los expedientes de autoconsumo.
María González de Perosanz, subdirectora adjunta de Energía de la CNMC, adelantó que el organismo prepara requisitos específicos para garantizar una gestión más transparente, homogénea y rápida de todos los procedimientos.
Las conclusiones de ese trabajo se someterán a audiencia pública durante el segundo trimestre de 2026, lo que permitiría acompasar la aprobación de estas herramientas con la entrada en vigor del nuevo decreto.
El Gobierno y el sector coinciden además en señalar que el siguiente gran salto del autoconsumo no vendrá tanto de las viviendas unifamiliares como de la industria, las comunidades energéticas y los proyectos colectivos.
El autoconsumo industrial aparece ya como uno de los principales pilares estratégicos, especialmente en un contexto en el que muchas empresas buscan reducir costes energéticos, ganar estabilidad frente a la volatilidad del mercado y avanzar en sus objetivos de descarbonización.
Para UNEF, el verdadero reto pasa ahora por consolidar una demanda estable y previsible. Rafael Benjumea, presidente de la patronal, defendió que el autoconsumo se ha convertido en una pieza clave de la transición energética española porque refuerza la seguridad de suministro y la soberanía energética.
Sin embargo, advirtió de que el sector necesita visibilidad regulatoria para que las empresas sepan cuál será el tamaño real del mercado y puedan seguir invirtiendo.
Después de varios años marcados por un crecimiento explosivo y por una posterior desaceleración, el nuevo decreto pretende abrir una etapa diferente.
Menos centrada en la instalación masiva de paneles y más orientada a crear un sistema eléctrico descentralizado, flexible y capaz de integrar almacenamiento, autoconsumo compartido y gestión inteligente de la demanda.
La importancia de esta reforma va más allá del propio sector fotovoltaico. Si la norma consigue reducir la burocracia, facilitar las instalaciones colectivas y hacer rentable el almacenamiento distribuido, España podría acelerar una parte esencial de su transición energética sin depender únicamente de grandes centrales renovables.
Para las empresas supondría un nuevo incentivo para invertir; para los consumidores, la posibilidad de acceder al autoconsumo incluso viviendo en un piso; y para el sistema eléctrico, una herramienta para gestionar mejor una red cada vez más dominada por las energías renovables.
