Altea ha dado un nuevo paso en el desarrollo de su comunidad energética con la puesta en marcha de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas que elevan la potencia total por encima de los 300 kW.
La iniciativa, impulsada por la Comunidad Energética de Altea junto a l’Associació d’Autoconsum d’Altea y con la participación directa del Ayuntamiento, consolida un modelo basado en la generación distribuida, la participación vecinal y el uso compartido de la energía renovable.
Las dos nuevas infraestructuras aportan en conjunto 134 kW de potencia solar y 20 kW adicionales de almacenamiento. Una de ellas se ha instalado en la cubierta del cementerio municipal y cuenta con una potencia de 100 kW.
La segunda se encuentra sobre el tejado de una nave privada situada en la denominada zona de tolerancia, donde se ha desplegado una instalación de 34 kW acompañada por una batería de 20 kW.
Con estas dos actuaciones, Altea alcanza un total de cinco instalaciones solares comunitarias en funcionamiento.
El sistema ya supera los 300 kW de potencia instalada y da servicio a más de 210 socios, una cifra que sitúa al municipio entre los casos más avanzados de implantación de comunidades energéticas locales en la Comunitat Valenciana.
La relevancia del proyecto no reside únicamente en el aumento de potencia disponible. El modelo desarrollado en Altea permite que los vecinos participen directamente en la producción y consumo de electricidad, reduciendo su dependencia de las comercializadoras tradicionales y acercando la generación energética al lugar donde se consume.
En la práctica, los participantes invierten en una instalación compartida y reciben una parte proporcional de la energía generada, que se descuenta posteriormente de su factura eléctrica.
El concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, ha explicado que el Ayuntamiento ha actuado como socio facilitador cediendo espacios municipales para el despliegue de estas infraestructuras.
El caso más significativo es la cubierta del cementerio municipal, utilizada ahora como soporte de una planta fotovoltaica de 100 kW. A cambio de esa cesión, el consistorio recibirá el 15% de la energía generada por la instalación.
De ese porcentaje, un 13% se destinará al autoconsumo de dependencias municipales, reduciendo el gasto energético del Ayuntamiento. El 2% restante se reservará específicamente para combatir la pobreza energética en el municipio.
Según ha señalado Orozco, este mecanismo pretende garantizar que la transición energética no quede limitada a quienes tienen más capacidad económica, sino que también alcance a los vecinos en situación de vulnerabilidad.
«El Ayuntamiento ha facilitado el uso del cementerio municipal, reforzando su compromiso con la transición energética. En contraprestación, el consistorio recibe un 15% de la energía generada: un 13% destinado a autoconsumo municipal y, como novedad, un 2% orientado a combatir la pobreza energética en el municipio», ha explicado el concejal.
La incorporación de este porcentaje social introduce una dimensión especialmente relevante en un contexto en el que las comunidades energéticas han comenzado a presentarse como una herramienta para reducir desigualdades.
Frente a un sistema eléctrico centralizado, en el que la capacidad de acceso a la energía barata depende en gran medida de la vivienda o de la renta, el autoconsumo colectivo permite que personas que viven en bloques de pisos o que no disponen de tejado propio puedan participar igualmente en una instalación compartida.
El nuevo marco normativo también ha jugado un papel decisivo en la viabilidad del proyecto. Las dos instalaciones de Altea se benefician de la ampliación del radio permitido para el autoconsumo colectivo, una medida aprobada en el llamado decreto anticrisis estatal.
Hasta hace poco, los participantes en una comunidad energética debían encontrarse a menos de dos kilómetros de la instalación. Con la nueva regulación, ese límite se amplía hasta cinco kilómetros.
La diferencia es importante en un municipio como Altea. Con un radio de cinco kilómetros, prácticamente toda la población puede incorporarse a las instalaciones fotovoltaicas, incluso aunque resida lejos del punto exacto donde se encuentran las placas solares.
Esto permite aprovechar cubiertas disponibles en edificios públicos o naves privadas sin que la ubicación se convierta en una barrera.
Orozco ha subrayado que esta modificación regulatoria amplía de forma considerable el alcance del proyecto. «Estas instalaciones se benefician del decreto anticrisis, que amplía el radio de autoconsumo de 2 a 5 kilómetros, permitiendo que lleguen prácticamente a toda la población de Altea que así lo quiera», ha afirmado.
Desde la Comunidad Energética de Altea insisten en que el objetivo no es únicamente producir electricidad renovable, sino construir un sistema energético de proximidad en el que la ciudadanía tenga un papel activo.
El presidente de la entidad, Miguel Devesa, considera que las dos nuevas instalaciones representan un paso más en la consolidación de ese modelo.
«Estas nuevas instalaciones suponen un paso firme en la consolidación de un modelo energético en el que la ciudadanía es protagonista, generando su propia energía limpia y reduciendo su dependencia del sistema energético tradicional», ha señalado.
La idea de que los vecinos pasen de ser simples consumidores a convertirse en productores y gestores de una parte de su propia energía es uno de los elementos centrales de las comunidades energéticas.
En el caso de Altea, esa filosofía comenzó a tomar forma en 2022, cuando se constituyó la Comunidad Energética Local con el propósito de facilitar el acceso compartido a instalaciones fotovoltaicas.
Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo de forma progresiva. Las cinco instalaciones ya operativas son el resultado de un trabajo conjunto entre administración local, asociaciones vecinales, propietarios privados y entidades financieras.
Devesa ha agradecido de forma expresa la colaboración de los dueños de las cubiertas privadas utilizadas para las nuevas plantas, así como el apoyo de Caixaltea, que ha contribuido a la financiación de las actuaciones.
La participación de propietarios particulares resulta especialmente importante porque amplía el número de espacios disponibles para instalar paneles solares.
No todos los edificios públicos cuentan con las condiciones adecuadas para albergar una planta fotovoltaica, y el uso de cubiertas privadas permite aumentar la potencia instalada sin necesidad de ocupar suelo ni alterar el paisaje urbano.
Además del apoyo financiero de Caixaltea, la Comunidad Energética de Altea ha contado con dos subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE. Estas ayudas han permitido reducir aproximadamente un 50% el coste de las instalaciones, mejorando de forma notable la rentabilidad para los participantes.
El coste estimado de entrada se sitúa en torno a 800 euros por cada kW contratado en la instalación del cementerio municipal y alrededor de 900 euros por kW en la instalación situada en la zona de tolerancia, una cifra ligeramente superior debido a la incorporación de la batería de 20 kW.
El almacenamiento permite aprovechar mejor la energía generada y desplazar parte del consumo a horas en las que no hay producción solar, aumentando así el rendimiento económico de la instalación.
A estas ayudas directas se suman los incentivos fiscales asociados al autoconsumo. Los participantes pueden acogerse a deducciones en el IRPF que alcanzan el 40% en el caso de la vivienda habitual y el 20% si se trata de una segunda residencia.
Traducido a cifras concretas, un vecino que invierta en una instalación para su vivienda habitual puede recuperar alrededor de 320 euros por cada kW contratado, mientras que en una segunda residencia el ahorro fiscal ronda los 160 euros por kW.
Gracias a esta combinación de subvenciones e incentivos, la comunidad energética calcula que el retorno neto de la inversión puede situarse en aproximadamente tres años.
Se trata de un plazo relativamente corto si se tiene en cuenta que la vida útil estimada de las instalaciones es de unos 25 años.
Eso significa que, una vez recuperada la inversión inicial, los participantes dispondrán durante más de dos décadas de una fuente de energía con un coste muy inferior al de la electricidad convencional.
En un contexto marcado por la volatilidad de los precios energéticos y por la incertidumbre sobre la evolución futura de la factura eléctrica, este tipo de proyectos gana atractivo tanto por razones económicas como por criterios de sostenibilidad.
La Comunidad Energética de Altea se encuentra actualmente repartiendo los últimos kilovatios disponibles de las dos nuevas instalaciones entre vecinos interesados.
Según Miguel Devesa, todavía quedan plazas para nuevos participantes, aunque la capacidad restante es limitada. La elevada demanda confirma que el interés por el autoconsumo compartido ha dejado de ser una cuestión minoritaria.
La experiencia de los últimos años muestra que, cuando las comunidades energéticas logran combinar apoyo institucional, financiación accesible y una rentabilidad razonable, el número de personas dispuestas a sumarse aumenta de forma rápida. El caso de Altea también refleja un debate más amplio sobre quién controlará la transición energética.
Frente a un modelo dominado históricamente por grandes compañías y grandes infraestructuras, las comunidades energéticas plantean un escenario distinto, en el que la producción se distribuye entre miles de pequeños puntos de generación conectados al territorio.
Jose Orozco ha resumido esta idea con una reflexión que va más allá del caso concreto de Altea. «La transición energética ya está aquí para quedarse, y ahora se está definiendo quién la lidera: si las grandes empresas energéticas o la ciudadanía, generando energía desde lo local», ha afirmado.
La respuesta de Altea, al menos por ahora, parece inclinarse hacia la segunda opción. El municipio ha convertido cubiertas públicas y privadas en pequeños centros de producción eléctrica, ha implicado a los vecinos en la financiación de las instalaciones y ha reservado una parte de la energía para usos sociales.
El resultado es una comunidad energética que ya supera los 300 kW, cuenta con más de 210 socios y sigue creciendo.
Más allá de las cifras, el proyecto importa porque muestra cómo puede evolucionar el sistema energético en muchos municipios españoles.
Si iniciativas como la de Altea logran extenderse, el autoconsumo colectivo dejará de ser una experiencia puntual para convertirse en una alternativa real, capaz de reducir la factura eléctrica, aprovechar mejor los recursos locales y dar a los ciudadanos un papel más activo en la producción de la energía que consumen.
