Turistas alemanes denuncian en redes sociales recibir multas por entrar con sus coches eléctricos en la ZBE de Palma de Mallorca.
En las últimas semanas, numerosos conductores con matrícula europea, especialmente turistas alemanes, han denunciado sanciones de hasta 200 euros por acceder al centro de la ciudad convencidos de que sus vehículos, 100% eléctricos, podían circular sin restricciones.
En uno de los casos más comentados, una mujer que ha sido multada con un coche eléctrico de matrícula alemana ha llevado su protesta a las redes sociales, tras ser sancionada por acceder al centro de la ciudad de Palma de Mallorca, alegando que su vehículo cumplía los requisitos medioambientales exigidos.
La publicación, que ha tenido una amplia repercusión en Instagram, ha generado un intenso debate y ha movilizado a la comunidad de ciudadanos alemanes que visitan habitualmente la isla de Mallorca.
Otro de los conductores afectados ha reconocido también en redes sociales, haber accedido en varias ocasiones a la zona restringida con su vehículo eléctrico sin realizar el trámite previo exigido por el Ayuntamiento, lo que ha derivado en la imposición de varias sanciones, que asegura no tener intención de abonar.
El problema es debido a una limitación técnica y administrativa, no al tipo de vehículo ni a su nivel real de emisiones.
Los vehículos matriculados en España están vinculados a la base de datos de la Dirección General de Tráfico, que asigna automáticamente a cada coche su distintivo ambiental (0, ECO, C o B).
Esa información es la que utilizan las cámaras de control para autorizar o denegar el acceso al perímetro restringido. Sin embargo, los vehículos con matrícula europea no figuran en ese registro, lo que impide al sistema verificar de forma automática si cumplen los requisitos ambientales exigidos.
En países como Alemania existen sistemas propios de clasificación, como la umweltplakette, pero estos distintivos no están integrados en las plataformas municipales españolas.
Como consecuencia, aunque un vehículo europeo sea 100% eléctrico y cumpla plenamente los criterios medioambientales, el sistema lo interpreta como “no identificado” si no se ha inscrito previamente en el registro municipal.
En la práctica, esto significa que la sanción no se produce por contaminar, sino por no poder ser reconocido técnicamente por el sistema de control de la ZBE.
Sin el trámite administrativo previo, el acceso queda registrado como irregular por las cámaras y da lugar a la multa correspondiente.
Palma, al igual que otras grandes ciudades españolas, exige a los vehículos no identificables automáticamente que se inscriban en el registro municipal de la ZBE para poder acceder al centro.
Este trámite solo se contempla en supuestos muy concretos: residentes empadronados dentro del perímetro o propietarios de inmuebles situados en la zona.
En ausencia de ese registro, el acceso queda registrado por las cámaras de lectura de matrículas y se considera una infracción, sancionada con multas que pueden alcanzar los 200 euros.
Como alternativa, los conductores con coches no matriculados en España, solo pueden utilizar los itinerarios señalizados hacia aparcamientos públicos, sin circular libremente por el interior de la ZBE.
Más allá del caso concreto de Palma, la situación anticipa una problemática de mayor alcance de cara al verano, cuando millones de turistas recorrerán España en coche y se encontrarán con normativas distintas en cada localidad.
La obligación de registrarse previamente en cada municipio con Zona de Bajas Emisiones plantea un escenario complejo para los visitantes que se desplazan entre varias localidades en pocos días.
España recibe millones de visitantes cada año, muchos de ellos procedentes de países europeos donde el coche eléctrico ya cuenta con una elevada cuota de mercado y su uso está plenamente normalizado, como Alemania, Países Bajos o los países nórdicos.
En ese escenario, la falta de armonización entre sistemas de identificación ambiental y registros municipales amenaza con generar confusión y sanciones, reabriendo el debate sobre la necesidad de criterios comunes a nivel estatal o europeo que permitan compatibilizar la movilidad con los objetivos de reducción de emisiones.
