Durante el primer trimestre del año, las administraciones públicas dieron luz verde a un total de 102 proyectos de energías renovables, que suman una potencia conjunta de 1.272,7 MW.
El arranque de 2026 confirma un cambio de ritmo en el despliegue de renovables en España. Se consolida una tendencia que ya venía marcando el paso en los últimos años: el dominio casi absoluto de la energía solar fotovoltaica frente al resto de tecnologías.
La fotovoltaica no solo mantiene su liderazgo, sino que lo amplía hasta niveles casi hegemónicos. Del total de potencia autorizada en el trimestre, 1.242,1 MW corresponden a instalaciones solares, lo que equivale al 97,6% del total.
El reparto geográfico de esta nueva potencia también dibuja un mapa bastante definido. Andalucía se sitúa a la cabeza con 632 MW autorizados, concentrando prácticamente la mitad del total nacional. A bastante distancia se encuentran Aragón, con 163,5 MW, y Murcia, con 115 MW.
También destacan la Comunidad Valenciana, con 106,8 MW, y Castilla y León, con 102,3 MW. En el extremo opuesto, Cantabria, Galicia y La Rioja no registraron ninguna autorización de construcción en este primer tramo del año, lo que evidencia las diferencias territoriales en la tramitación y desarrollo de proyectos.
Más allá de los proyectos que han logrado avanzar hasta la fase de construcción, el pipeline de nuevas instalaciones sigue siendo amplio, aunque también muestra señales mixtas.
Un total de 105 proyectos entraron en fase de información pública durante el trimestre, sumando una potencia de 2.469,8 MW. De esta cifra, el 67,8% corresponde a fotovoltaica (1.674,5 MW), mientras que el 32,2% restante se reparte entre proyectos eólicos (795,3 MW).
Este volumen supone un incremento de 321,7 MW respecto al trimestre anterior, pero al mismo tiempo representa una caída de 1.353,2 MW frente al mismo periodo de 2025, reforzando la idea de una desaceleración progresiva.
En cuanto a la tipología de los expedientes, solo 13 proyectos se encuentran en una fase inicial solicitando el permiso previo, mientras que la gran mayoría, 92, han avanzado también en la solicitud de autorización de construcción y, en algunos casos, en la declaración de impacto ambiental o el reconocimiento de utilidad pública.
Este dato sugiere que, aunque el flujo de nuevos proyectos continúa, muchos de ellos se enfrentan a un entorno administrativo más exigente y prolongado en el tiempo.
El análisis territorial de esta fase administrativa vuelve a situar a algunas comunidades en posiciones destacadas, aunque con un reparto distinto al observado en las autorizaciones de construcción.
El País Vasco lidera el volumen de potencia en información pública con 990,9 MW, en su mayoría de origen fotovoltaico (946,1 MW). Le siguen Castilla y León, con 562,1 MW, y Aragón, con 298,3 MW.
Por el contrario, Cantabria, Asturias y La Rioja no han registrado proyectos en esta fase en lo que va de año, lo que refuerza la imagen de un desarrollo desigual a nivel regional.
Uno de los elementos más relevantes del trimestre es el elevado número de proyectos que no han logrado superar los filtros administrativos. En total, las administraciones rechazaron 84 iniciativas de generación renovable, que sumaban 1.756 MW de potencia.
De estos, 46 correspondían a instalaciones eólicas (873,2 MW) y 38 a parques fotovoltaicos (882,8 MW), lo que muestra que, aunque la solar domina en autorizaciones, también enfrenta un volumen significativo de desestimaciones.
Las causas de estos rechazos son diversas, pero destacan especialmente los informes ambientales desfavorables, que afectaron a 47 proyectos con una potencia total de 660,6 MW.
También resulta relevante el número de iniciativas abandonadas por los propios promotores, con 13 proyectos desistidos que sumaban 408 MW. A ello se suman problemas urbanísticos, incompatibilidades y caducidades de permisos, factores que reflejan la complejidad creciente del desarrollo renovable en España.
Desde el punto de vista territorial, Galicia encabeza las desestimaciones con 336,4 MW rechazados, todos ellos de origen eólico.
Le siguen Castilla-La Mancha, con 300,9 MW, y Navarra, con 211 MW. Este patrón apunta a una mayor presión regulatoria y ambiental sobre determinados territorios, especialmente en el caso de la eólica, que suele generar más controversia por su impacto paisajístico y territorial.
En paralelo al desarrollo de nueva capacidad de generación, el almacenamiento energético comienza a ganar protagonismo, aunque todavía a una escala más modesta.
Durante el primer trimestre, 15 proyectos de almacenamiento obtuvieron autorización de construcción, sumando 239,6 MW de potencia.
De estos, 237 MW corresponden a 14 instalaciones de baterías, ya sea en modalidad independiente o vinculadas a plantas de generación existentes, mientras que los 2,6 MW restantes se integran en un esquema de hibridación con nueva fotovoltaica.
El pipeline en fases tempranas es aún más amplio en este ámbito. Un total de 96 proyectos de almacenamiento iniciaron su tramitación en información pública, con una potencia conjunta de 2.121,5 MW.
Andalucía vuelve a liderar este segmento con 630 MW, seguida de la Comunidad Valenciana, con 314,5 MW, y Extremadura, con 222,2 MW. Estos datos reflejan el creciente interés por dotar al sistema eléctrico de mayor flexibilidad, una necesidad cada vez más evidente en un mix dominado por tecnologías no gestionables como la solar y la eólica.
En conjunto, las cifras del primer trimestre dibujan un escenario de transición en el despliegue renovable en España. Por un lado, la fotovoltaica consolida su posición como tecnología dominante, impulsada por su competitividad y rapidez de instalación.
Por otro, el volumen de nuevas autorizaciones y el aumento de proyectos rechazados sugieren que el sector se enfrenta a un entorno más complejo, con mayores exigencias regulatorias, ambientales y sociales.
Para la industria y, en particular, para el ecosistema vinculado a la electrificación del transporte, estas tendencias no son menores.
La disponibilidad de nueva capacidad renovable condiciona directamente el coste y la huella de carbono de la electricidad, un factor clave para el desarrollo del vehículo eléctrico.
Si el ritmo de incorporación de renovables se ralentiza, como apuntan los datos y las advertencias del sector, el impacto puede trasladarse a toda la cadena de valor energética.
Al mismo tiempo, el avance del almacenamiento abre una ventana de oportunidad para estabilizar el sistema y aprovechar mejor la generación solar, un elemento que será determinante en los próximos años.
