El Gobierno británico quiere que la recarga pública sea más accesible para quienes no dispongan de un punto de carga en casa.
La movilidad eléctrica en el Reino Unido podría recibir un impulso decisivo gracias a una medida fiscal largamente esperada: el Gobierno estudia reducir del 20% al 5% el IVA aplicado a la recarga de vehículos eléctricos en estaciones públicas.
Esta decisión, aún en evaluación por el Tesoro, podría suponer un antes y un después para cientos de miles de conductores que no disponen de un punto de carga en casa y que dependen exclusivamente de la red pública.
En un país donde cerca del 35% de los hogares no cuenta con garaje ni entrada privada, la desigualdad fiscal entre quienes cargan en casa (con un IVA reducido del 5%) y quienes lo hacen en la vía pública ha sido una de las críticas más constantes a la estrategia de electrificación.
El sobrecoste no es menor: según datos de Zap-Map, recargar en una estación pública puede llegar a costar siete veces más que hacerlo en el hogar durante las horas valle.
Esto no solo afecta al bolsillo de los conductores, sino que erosiona la promesa de ahorro económico que ha sido uno de los pilares del vehículo eléctrico desde sus inicios.
La posible reducción del IVA quiere garantizar un acceso equitativo a la movilidad eléctrica, independientemente del tipo de vivienda o del lugar de residencia.
Para muchos usuarios urbanos, que viven en bloques de pisos o en viviendas sin aparcamiento privado, esta medida supondría un ahorro inmediato y una señal clara de que la transición energética no está pensada solo para unos pocos.
Philip Douglass, responsable del programa Vauxhall Electric Streets, ha celebrado la intención del Gobierno de igualar las condiciones entre carga doméstica y pública. “Esta medida no solo haría la electricidad más asequible, sino que abriría el coche eléctrico a una parte de la población que hasta ahora ha estado injustamente penalizada”, ha afirmado.
Pero esta revisión fiscal no nace en el vacío. Su aparición está directamente relacionada con otra medida que ha generado polémica en las últimas semanas: la introducción de un impuesto por kilómetro a partir de abril de 2028.
Conocido como eVED, este tributo supondrá un coste adicional de 3 peniques por kilómetro recorrido para los vehículos 100% eléctricos, y de 1,5 peniques para los híbridos enchufables. El objetivo es claro: compensar la caída de ingresos del Estado por la reducción en el consumo de combustibles fósiles.
No obstante, la medida ha encendido las alarmas. Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, este nuevo impuesto podría provocar una reducción de hasta 440.000 unidades en las ventas de vehículos eléctricos entre 2025 y 2031.
Se trata de un retroceso que amenaza directamente los objetivos de descarbonización del transporte, y que contrasta con el empuje que han demostrado los incentivos existentes, como las ayudas de hasta 3.750 libras para la compra de un VE, de las que ya se han beneficiado casi 50.000 conductores.
Frente a este riesgo, el Ejecutivo británico parece haber entendido que no basta con anunciar impuestos: también hay que corregir los desequilibrios existentes para mantener la confianza del ciudadano.
De ahí la decisión de revisar a fondo la estructura de costes de la recarga pública, y de estudiar una rebaja del IVA como vía rápida y eficaz para aliviar el impacto del impuesto por kilómetro.
Actualmente, el coste de recarga pública no solo se ve afectado por la fiscalidad. Las tarifas de red, los costes de infraestructura y la propia volatilidad del mercado energético elevan el precio final del kWh en las estaciones públicas.
En muchos casos, esto convierte al coche eléctrico en una opción más cara que un modelo de combustión para quienes no pueden cargar en casa, algo que contradice frontalmente los principios de la transición justa que promueve el Gobierno.
Una fuente del propio Tesoro lo ha resumido con claridad: “La forma de convencer a la gente de pasarse al coche eléctrico es mostrándoles que es fácil y barato. Hay ahorro para mucha gente, y la carga pública debe ser parte de esa ecuación”.
Esta declaración, lejos de ser anecdótica, refleja un cambio de tono. El vehículo eléctrico ya no se promueve solo como una solución ambiental, sino como una alternativa práctica, competitiva y viable para el día a día.
Reducir el IVA en la carga pública no solo corregiría una injusticia fiscal. También sería una medida pragmática, capaz de amortiguar el impacto del impuesto por kilómetro sin renunciar a los objetivos de recaudación.
Se trata de reequilibrar el sistema para que el coche eléctrico siga siendo atractivo incluso cuando comience a tributar por su uso, como ocurre con los vehículos tradicionales.
La movilidad eléctrica en el Reino Unido ha alcanzado una etapa de madurez, las cifras lo confirman: solo en 2025 se vendieron 473.348 coches eléctricos en el país, lo que supuso una cuota de mercado del 23,43 %. Es decir, casi uno de cada cuatro coches nuevos matriculados en el Reino Unido es totalmente eléctrico.
Ahora es imprescindible facilitar el uso, especialmente para aquellos que no disponen de infraestructura privada. Y en ese sentido, una carga pública más barata, más justa y más accesible puede marcar la diferencia entre consolidar el cambio o perder el impulso.
El futuro del coche eléctrico no está en duda. Su eficiencia, sus menores costes de mantenimiento y su contribución a la calidad del aire urbano lo convierten en la opción más sensata para el transporte personal.
Pero su éxito dependerá de que las políticas públicas estén alineadas con la realidad cotidiana de millones de conductores. Y en esa realidad, la rebaja del IVA no es un detalle: es un mensaje.
Un mensaje de que el cambio no solo es necesario, sino posible. De que el coche eléctrico no es un lujo, sino una herramienta de transformación accesible para todos. Y de que, incluso cuando se introducen nuevos costes, como el impuesto por kilómetro, el Gobierno está dispuesto a equilibrar la balanza.
Porque avanzar hacia un transporte más limpio no debe ser una carga para nadie. Al contrario: debe ser una vía abierta, clara y asequible. Y con medidas como esta, el Reino Unido demuestra que está dispuesto a recorrerla.
