La opción de un leasing social por 99 euros al mes facilitaría el acceso de todas las personas a la nueva movilidad.
Berlín ha decidido reactivar las ayudas públicas para incentivar la compra de coches eléctricos, pero esta vez con una dirección clara: las familias con menores ingresos.
Con una dotación presupuestaria de 3.000 millones de euros hasta el año 2029, el gobierno federal busca que todas las personas tengan acceso a la nueva movilidad.
A diferencia de los programas previos, que beneficiaban de forma indiscriminada a todos los compradores, esta nueva estrategia tiene una lógica redistributiva y ambiental: dar acceso a la electromovilidad a quienes, hasta ahora, han quedado fuera de la transición energética por una barrera evidente, el precio.
Anunciado por el vicecanciller y ministro de Finanzas Lars Klingbeil (SPD) tras una reunión del comité de coalición que se extendió durante toda la noche, el programa será financiado principalmente a través del Fondo para el Clima y la Transformación de Alemania y del Fondo Social Europeo para el Clima.
Esta ingeniería financiera permite sortear complicaciones presupuestarias internas, gracias a una «reasignación» de fondos ya disponibles.
Desde el gobierno insisten en que no se comprometerán nuevas partidas presupuestarias federales, un punto sensible en medio de debates intensos sobre el gasto público.
Esta nueva ayuda ha sido bautizado provisionalmente como «bono socioambiental». El programa estará dirigido tanto a hogares considerados socialmente vulnerables como a trabajadores con ingresos medios.
Este enfoque ampliado responde a una preocupación creciente: evitar que la transformación a la nueva movilidad cree desigualdades sociales.
Uno de los elementos más discutidos del nuevo programa es su formato. Todavía no se ha decidido si se tratará de una bonificación directa a la compra, como sucedió con el anterior «bono ambiental» (que distribuyó más de 10.000 millones de euros entre 2016 y 2023), o si se optará por un modelo de arrendamiento social, inspirado en la experiencia francesa.
Esta última opción, el leasing social asequible, permite a los beneficiarios conducir un coche eléctrico por una tarifa mensual reducida, en torno a los 99 euros.
La portavoz de política de transporte del grupo parlamentario socialdemócrata, lo expresó con claridad meses atrás: la idea es ofrecer soluciones tangibles que no excluyan a quienes más necesitan un vehículo en su vida cotidiana, pero no pueden afrontar los costes iniciales de un eléctrico.
El debate sobre este modelo no es menor. Una bonificación directa podría tener un impacto más inmediato en las ventas, pero también generaría un efecto regresivo si no se diseña con cuidado.
Por el contrario, un sistema de leasing social permitiría controlar mejor el destino de los fondos públicos y asegurarse de que los vehículos realmente se utilicen dentro del perfil de usuario previsto.
En cualquier caso, desde el gobierno insisten en que el criterio social será el eje central del diseño final.
No obstante, la estrategia general de Alemania en relación con la movilidad del futuro sigue marcada por tensiones políticas. En la última reunión del comité de coalición, la cuestión del futuro de los motores de combustión interna a partir de 2035 volvió a dividir a los partidos.
Mientras que el SPD y sectores del Partido Verde defienden mantener el calendario de eliminación progresiva, la CDU/CSU aboga por flexibilizar la normativa europea.
Proponen, por ejemplo, permitir excepciones para los combustibles sintéticos o abrir la puerta a soluciones híbridas que extiendan la vida útil de los motores actuales.
Este pulso ideológico refleja el dilema entre los intereses de las empresas asociadas al petróleo o la apuesta por las energías renovables.
El canciller Friedrich Merz (CDU) y el vicecanciller Klingbeil se encontraron ese mismo día con representantes clave del sector automovilístico en la Cancillería, en una cumbre que reunió a fabricantes, proveedores, sindicatos como IG Metall y asociaciones empresariales como la VDA.
Este encuentro es clave para perfilar los próximos pasos en la transición energética del transporte. El objetivo declarado es ofrecer seguridad jurídica y de planificación a la industria sin renunciar a los objetivos climáticos.
Se espera que de estas reuniones surjan las bases definitivas para implementar el nuevo subsidio, así como los posibles ajustes regulatorios que acompañarán su despliegue.
Alemania parece decidida a aprender de los errores recientes. La eliminación repentina de los subsidios anteriores dejó al sector eléctrico en una situación comprometida, con fabricantes reportando una caída notable en los pedidos durante 2025.
Con este nuevo enfoque, el gobierno no solo pretende corregir ese bache, sino también facilitar que el acceso a la electromovilidad no dependa exclusivamente del nivel de ingresos.
Con estas nuevas ayudas ha quedado claro que el cambio de paradigma es real: electrificar el parque automovilístico ya no es solo una cuestión de tecnología o infraestructura, sino también de justicia social.
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