La cuenta atrás ha terminado. El próximo martes, 1 de julio de 2025, entrará en vigor el régimen sancionador en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Palma de Mallorca.
Una medida que muchos conductores habían subestimado, pero que ahora se convertirá en una realidad con multas que alcanzarán los 200 euros para los vehículos más contaminantes.
Este cambio marca el final del periodo informativo iniciado en enero y abre un nuevo escenario en la movilidad urbana de la capital balear.
El Ayuntamiento de Palma, a través del concejal de Movilidad, Antoni Deudero, ha confirmado en rueda de prensa que los vehículos con etiqueta A, considerados los más contaminantes.
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Los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores a 2006 serán los primeros en sufrir las consecuencias si entran en la zona restringida sin autorización.
La delimitación de la ZBE de Palma coincide con el espacio comprendido dentro de las Avenidas y el frente marítimo de la ciudad, un perímetro que ahora será más que una simple referencia geográfica: será un área vigilada y con capacidad sancionadora real.
Este cambio llega tras meses de incertidumbre política y técnica. Desde que la ZBE de Palma se puso en marcha el pasado 1 de enero de 2025, se había optado por una fase meramente informativa.
Durante este tiempo, las cámaras de control instaladas en los accesos a la zona han estado leyendo matrículas y registrando infracciones sin que estas implicaran sanciones económicas. La idea era dar tiempo a la ciudadanía para adaptarse a las nuevas normas, pero este margen ha llegado a su fin.
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Según ha explicado el propio Deudero, los vehículos con etiqueta A representan menos del 2% de los movimientos detectados en la ZBE desde su puesta en funcionamiento.
No obstante, la decisión de empezar a multar responde a la necesidad de cumplir con las exigencias de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones con control efectivo, bajo la amenaza de sanciones estatales y la posible pérdida de fondos europeos.
El Consistorio de Palma había barajado inicialmente la posibilidad de mantener el periodo informativo durante todo el año 2025. De hecho, ese fue el compromiso alcanzado con Vox cuando se negoció la aplicación flexible de la ZBE.
Sin embargo, este acuerdo ha quedado en papel mojado tras los últimos movimientos del Gobierno central, que prepara un real decreto para asegurar que las ZBE en toda España sean plenamente operativas y sancionadoras, y no solo decorativas. Este cambio legislativo ha obligado a Palma a acelerar el calendario y activar el régimen sancionador sin más dilaciones.
Lo que resulta llamativo es que este giro ha cogido por sorpresa a muchos conductores y a parte de la oposición municipal, que acusa al Ayuntamiento de improvisar y no haber sido claro desde el principio. La polémica está servida: ¿Está preparada Palma para asumir la gestión diaria de sanciones por acceso indebido a la ZBE?.
El Ayuntamiento defiende que sí. Insiste en que los controles están completamente automatizados mediante cámaras lectoras de matrículas que cruzan los datos con el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, recuerdan que, aunque es recomendable llevar el distintivo físico en el parabrisas, no es obligatorio, ya que el sistema funciona con la matrícula digitalizada. El control es, por tanto, invisible, pero efectivo. El conductor que entre en la ZBE sin tener derecho no podrá alegar desconocimiento: será cazado y multado.
Por ahora, la medida afecta exclusivamente a los vehículos con etiqueta A, pero la hoja de ruta es clara y progresiva. El calendario aprobado por el Ayuntamiento contempla que, a partir de 2027, comenzarán a sancionarse también los coches con etiqueta B ,vehículos de gasolina matriculados entre 2000 y 2005 y diésel entre 2006 y 2013.
En 2030 se extenderán las sanciones a los coches con etiqueta C. Este proceso escalonado pretende facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible, pero también plantea dudas sobre la capacidad económica de muchas familias para renovar sus vehículos en tan poco tiempo.
La normativa prevé, eso sí, un conjunto de excepciones que aliviarán la aplicación del régimen sancionador. Podrán circular por la ZBE sin temor a multa los residentes empadronados dentro de la zona, los vehículos de personas con movilidad reducida, los transportes públicos, los vehículos sanitarios y de emergencia, así como los servicios de reparto que cuenten con las correspondientes autorizaciones.
También se ha diseñado un itinerario sanitario que garantiza el acceso a hospitales públicos y clínicas privadas situadas dentro de la ZBE, de manera que nadie se vea impedido de llegar a un centro médico en caso de necesidad urgente.
En paralelo, el Ayuntamiento está realizando ajustes en la oferta de aparcamiento en la ciudad. Uno de los cambios más significativos es el cierre del parking del polígono de Son Rossinyol, que se va a reconvertir en un aparcamiento exclusivo para autobuses de la EMT.
Esta decisión ha generado cierta inquietud entre los usuarios habituales del aparcamiento, pero el concejal de Movilidad ha asegurado que se habilitará una nueva zona colindante para los vehículos privados afectados por las obras.
Todo este escenario plantea un debate abierto sobre el modelo de ciudad que Palma quiere ser en el futuro inmediato. La implantación de la ZBE con sanciones reales puede ser un paso firme hacia la sostenibilidad, pero también supone un reto logístico, social y económico que no todos los ciudadanos están dispuestos a aceptar sin protestas.
A partir del 1 de julio, estas preguntas dejarán de ser teóricas. Las cámaras empezarán a multar y la realidad de la ZBE se impondrá en las calles de Palma.
A partir de ahí, lo que está por ver es si la ciudadanía aceptará este modelo con resignación o si la presión social forzará nuevas revisiones y ajustes.
Porque si algo ha quedado claro en estos meses es que la movilidad sostenible es un objetivo compartido, pero el camino para alcanzarla está lleno de obstáculos, contradicciones y decisiones políticas que no siempre contentan a todos.
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