El Gobierno destina 1.825 millones para abaratar los combustibles frente a los 400 millones para impulsar el coche eléctrico.
El Gobierno ha vuelto a activar el escudo fiscal para contener el precio de los combustibles, elevando la rebaja del gasóleo a 20 céntimos por litro en septiembre tras dispararse su precio un 15,7% en julio.
La medida, que forma parte del Plan de Respuesta a la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, contrasta llamativamente con los 400 millones de euros destinados al programa Auto+ para impulsar la compra de coches eléctricos durante todo 2026.
La decisión se produce de forma automática al activarse la cláusula de salvaguarda incluida en el decreto anticrisis.
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Este mecanismo establece que si la variación del IPC de un combustible supera el 15% respecto al mismo mes del año anterior, el plan de retirada gradual de las ayudas queda anulado y el descuento se amplía inmediatamente.
El gasóleo ha superado ese umbral por siete décimas, obligando al Ejecutivo a cuadruplicar la ayuda inicialmente prevista para septiembre, que iba a ser de solo cinco céntimos.
La gasolina, en cambio, se queda fuera de esta protección reforzada. Su precio aumentó un 7,3% en términos interanuales en julio, muy por debajo del límite establecido, por lo que mantendrá el calendario previsto con una rebaja de cinco céntimos por litro.
El Ministerio de Economía justifica esta diferencia como una actuación «quirúrgica» que concentra el apoyo únicamente donde la presión de los precios lo justifica.
Las cifras globales del paquete de medidas fiscales aprobado resultan reveladoras. El coste estimado para 2026 alcanza los 1.825 millones de euros, una cantidad que incluye las diferentes actuaciones relacionadas con los combustibles y la energía.
Esta cifra contrasta con los 400 millones del programa Auto+, destinado a impulsar la compra de vehículos eléctricos y electrificados.
Es decir, por cada euro destinado a facilitar el cambio hacia la movilidad eléctrica, se han reservado más de cuatro euros para abaratar temporalmente el consumo de combustibles fósiles.
La contradicción se hace más evidente cuando se analiza el contexto empresarial del sector. Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.201 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, mientras que su beneficio neto ajustado alcanzó los 2.711 millones.
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Aunque las ayudas públicas a los combustibles no son un cheque directo para las petroleras, sí actúan como un apoyo indirecto: la bajada de precios estimula el consumo mientras las compañías mantienen sus márgenes intactos.
La diferencia no radica únicamente en las cantidades. También está en los tiempos de ejecución. El Programa Auto+ fue creado mediante Real Decreto-ley el 20 de marzo, pero su normativa definitiva no llegó hasta el 22 de julio.
Han tenido que pasar más de cuatro meses desde la creación del programa hasta que se aprobó su regulación definitiva, después de años de problemas con la gestión de las ayudas a la compra de coches eléctricos.
Mientras tanto, el mecanismo de rebaja a los combustibles actúa de forma automática e inmediata.
El propio Gobierno justificaba el Auto+ por la necesidad de acelerar la electrificación y utilizar al máximo el potencial de los fondos disponibles.
El objetivo declarado era facilitar el acceso a las ayudas, reducir los plazos y agilizar su gestión. Sin embargo, la realidad muestra una burocracia que tarda meses en ponerse en marcha frente a un apoyo a los combustibles que se activa automáticamente cuando sube el precio del petróleo.
De los 400 millones del Auto+, 350 millones corresponden a familias, 42 millones a empresas y 8 millones a autónomos. Para acceder a estas ayudas, los compradores deben cumplir requisitos, esperar trámites y justificar documentación.
En cambio, cualquier conductor que reposte en una gasolinera española se beneficia automáticamente de la rebaja fiscal, sin importar su nacionalidad ni situación económica.
La crisis energética actual está marcada por la tensión en los mercados debido al conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre sobre las principales rutas de transporte de petróleo y gas.
El Brent, referencia para Europa, ronda de nuevo los 90 dólares por barril. En julio, el precio del crudo sufrió una fuerte volatilidad, cerrando el mes con un precio medio de 83 dólares.
La electricidad también presiona la economía doméstica, con un incremento interanual del 8,4%.
El Gobierno sostiene que las medidas del Plan de Respuesta han evitado un repunte mayor de la inflación, que alcanzó el 3,6% en julio, su nivel más alto en dos años.
El transporte fue el componente que más empujó los precios al alza, con una tasa interanual del 6,2%. Sin embargo, la evolución de los carburantes pone a prueba precisamente la estrategia de retirada gradual de las ayudas: mientras el Ejecutivo reduce el apoyo general, el mecanismo de salvaguarda le obliga a reforzarlo donde el encarecimiento ha sido mayor.
Esta situación plantea una pregunta fundamental sobre las prioridades de la política energética española. Los 20 céntimos de rebaja desaparecen cuando termina la medida temporal.
Un coche eléctrico que sustituye a uno de combustión puede dejar de consumir gasolina o gasóleo durante toda su vida útil. Uno es un alivio temporal; el otro supone una reducción estructural de la dependencia del petróleo.
España lleva años declarando que necesita reducir su dependencia energética exterior, electrificar el transporte y disminuir el consumo de combustibles fósiles.
Pero cuando el petróleo sube, la respuesta vuelve a ser poner dinero público para que llenar el depósito resulte algo menos costoso.
Cuando un ciudadano quiere cambiar su coche de combustión por uno eléctrico, se encuentra con programas de ayudas que tardan meses en desarrollarse y con fondos considerablemente menores.
La contradicción revela que España no puede aspirar a reducir su dependencia del petróleo mientras sigue poniendo buena parte de sus esfuerzos en conseguir que consumirlo salga más barato.
Y menos todavía cuando las grandes compañías del sector continúan presentando resultados millonarios.
Si hay capacidad para movilizar miles de millones cuando sube el precio de los combustibles, debería haber al menos la misma determinación para ayudar a los ciudadanos a dejar de necesitarlos.
La cuestión no es si hay que proteger a las familias cuando los precios se disparan, sino si tiene sentido mantener esta contradicción estructural entre el discurso de la transición energética y una política fiscal que sigue subvencionando el consumo de aquello que se dice querer abandonar.
