Muchas personas llevan años sin cobrar el Plan Moves tras el desastre de gestión por parte de las comunidades autónomas.
El Plan MOVES III nació con un objetivo claro: acelerar la adopción del coche eléctrico y facilitar la instalación de puntos de recarga en España.
Cinco años después de su puesta en marcha, el balance para miles de ciudadanos está muy lejos de aquella promesa. La realidad es que buena parte de las ayudas siguen sin llegar a sus destinatarios, y la Región de Murcia se ha convertido en el ejemplo más extremo de este problema.
Según los datos actualizados del IDAE a 13 de abril de 2026, Murcia es la comunidad autónoma con peor porcentaje de pago del Plan MOVES III.
Apenas ha abonado el 18% de los expedientes resueltos, mientras que el 82% continúa pendiente. En términos económicos, eso supone 18,7 millones de euros todavía bloqueados.
La cifra coloca a Murcia en el primer puesto de un ranking que refleja el enorme retraso acumulado por las administraciones autonómicas en la gestión de estas ayudas.
Tras la región murciana aparecen Extremadura, con un 24% de expedientes abonados y 10,1 millones de euros pendientes, y Canarias, donde solo se ha pagado el 29% de las ayudas y siguen bloqueados 16,6 millones.
Castilla y León ocupa la cuarta posición, con apenas un 31% de pagos realizados y 22,4 millones de euros todavía pendientes. Baleares se sitúa inmediatamente después, con un 33% abonado y 14,8 millones sin transferir.
Andalucía, pese a ser una de las comunidades con mayor volumen de solicitudes, solo ha completado el 35% de los pagos y acumula una deuda de 62,3 millones de euros.
Galicia tampoco alcanza el 40% de ejecución. Ha pagado el 38% de los expedientes y mantiene pendientes 19,5 millones. Asturias se queda en el 40%, con 9,8 millones aún bloqueados, mientras que Cantabria alcanza el 42% y arrastra una deuda de 5,4 millones.
En una posición intermedia aparecen Castilla-La Mancha, con un 44% de ayudas abonadas y 20,1 millones pendientes, y la Comunidad Valenciana, que ha pagado el 46% pero todavía debe 48,7 millones de euros.
Aragón roza el equilibrio con un 48% de pagos y 13,2 millones sin resolver, mientras que Navarra ya supera ligeramente la mitad de los expedientes, con un 51% y 7,9 millones pendientes.
Cataluña y Madrid representan dos de los casos más significativos por el enorme volumen de fondos todavía retenidos. Cataluña ha abonado el 53% de las ayudas, pero mantiene 85,4 millones de euros pendientes, la cifra más alta de toda España. Madrid ha pagado el 58%, aunque todavía quedan 78,2 millones sin transferir.
La Rioja figura entre las autonomías con mejor ritmo, con un 55% de pagos y solo 3,1 millones pendientes. El País Vasco encabeza el ranking de ejecución, con un 62% de expedientes abonados y 21,6 millones todavía por pagar.
En total, las comunidades autónomas acumulan más de 632 millones de euros ya pagados, frente a 1.109 millones de euros en expedientes resueltos. Esto significa que únicamente se ha abonado el 57% del presupuesto ya concedido, mientras que el 43% restante sigue pendiente.
Los nuevos datos del IDAE permiten además observar una diferencia importante entre las comunidades con mayor demanda y aquellas que más rápido están pagando. La Comunidad Valenciana ha recibido solicitudes equivalentes al 145% de su presupuesto inicial, Castilla-La Mancha alcanza el 157%, Galicia el 138% y Murcia el 137%. Sin embargo, ninguna de ellas logra después trasladar ese ritmo a los pagos.
Madrid es la comunidad con mayor volumen de dinero ya desembolsado, con 194,5 millones de euros transferidos a los beneficiarios. Además, ha pagado el 84% de los fondos ya resueltos, uno de los porcentajes más elevados entre las regiones con mayor tamaño. Cataluña, por el contrario, muestra una fuerte diferencia entre expedientes aprobados y ayudas abonadas: ha resuelto 249,3 millones de euros, pero solo ha pagado 83,7 millones, apenas un 34%.
Baleares destaca como el caso más eficiente entre las comunidades autónomas. Ha pagado 28,6 millones de euros, el 94% del presupuesto ya resuelto. Muy cerca se sitúan Madrid, con un 84%, y Navarra, con un 68%. En el extremo opuesto aparecen Murcia, que solo ha transferido el 18% del dinero ya concedido, Extremadura, con un 28%, y Canarias y Cataluña, ambas con un 34%.
Andalucía, pese a haber recibido solicitudes por valor de 146,3 millones de euros, solo ha pagado 69,4 millones, el 61% de los expedientes resueltos. Castilla y León alcanza un 55%, Galicia un 63%, Aragón un 54% y Cantabria otro 54%. La Rioja se queda en el 41%, mientras que Asturias todavía no figura con datos de expedientes resueltos o pagos actualizados.
En Ceuta ya se ha pagado el 100% de las ayudas concedidas, aunque el volumen total es muy reducido, apenas 492.135 euros. Melilla, por su parte, ha resuelto el 98% del presupuesto solicitado, pero todavía no aparecen pagos realizados en la tabla del IDAE.
La situación resulta especialmente llamativa porque el Plan MOVES III entró en vigor el 15 de abril de 2021, tras la aprobación del Real Decreto 266/2021. Desde entonces, las comunidades autónomas han sido las encargadas de tramitar las solicitudes, resolver los expedientes y efectuar los pagos.
En el caso de Murcia, la gestión recae en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, los datos muestran que, cinco años después, menos de uno de cada cuatro solicitantes ha recibido el dinero que le corresponde.
El retraso no afecta únicamente a quienes compraron un coche eléctrico. El programa también contemplaba ayudas para la instalación de puntos de recarga y para el achatarramiento de vehículos antiguos, dos elementos clave para impulsar la transición hacia una movilidad de bajas emisiones.
Cuando el Gobierno lanzó el MOVES III, el objetivo era reducir el coste de acceso al vehículo eléctrico y facilitar una infraestructura de recarga más amplia. Las ayudas permitían rebajar varios miles de euros el precio final de un coche eléctrico o híbrido enchufable, una diferencia importante para muchos compradores.
Sin embargo, el funcionamiento real del programa ha provocado el efecto contrario al esperado. En lugar de convertirse en un incentivo inmediato, las ayudas han acabado transformándose en una promesa a muy largo plazo.
Muchos ciudadanos adelantaron de su bolsillo el importe completo del vehículo con la expectativa de recuperar parte de la inversión en unos meses. Cinco años después, todavía siguen esperando.
La lentitud administrativa no es un problema exclusivo de Murcia, pero sí es donde alcanza un nivel más extremo. En el conjunto de España, únicamente se ha pagado el 45% de los fondos comprometidos por el Plan MOVES III. El 55% continúa pendiente, lo que equivale a 465,2 millones de euros todavía sin transferir a los beneficiarios.
Entre las comunidades con mayor volumen de deuda destacan Cataluña, con 85,4 millones de euros pendientes; Madrid, con 78,2 millones; y Andalucía, con 62,3 millones.
No obstante, estas regiones presentan porcentajes de pago superiores al de Murcia. Madrid ha abonado el 58% de los expedientes, Cataluña el 53% y Andalucía el 35%.
La comparación deja a la Región de Murcia en una posición especialmente comprometida. Aunque el importe total pendiente, 18,7 millones de euros, es inferior al de las autonomías más pobladas, su nivel de ejecución es el peor de toda España.
El ranking completo sitúa tras Murcia a Extremadura, Canarias, Castilla y León y Baleares. En el extremo opuesto aparece el País Vasco, que ha pagado el 62% de las ayudas, seguido de Madrid, La Rioja y Cataluña.
Este retraso prolongado tiene además un impacto directo sobre la percepción del coche eléctrico. Muchos compradores han asumido un esfuerzo económico importante contando con una subvención que, en la práctica, no llega.
Para quienes financiaron el vehículo o dependían de la ayuda para completar la operación, la espera se ha convertido en una fuente de frustración.
La situación también genera incertidumbre entre los futuros compradores. La experiencia de los actuales beneficiarios puede desincentivar nuevas adquisiciones si los ciudadanos perciben que las ayudas públicas tardan años en materializarse. En la práctica, un programa diseñado para impulsar el mercado corre el riesgo de frenar parte de la demanda.
El problema no radica únicamente en la existencia de retrasos, sino en su magnitud. Un expediente pendiente durante varios meses puede entenderse dentro de una carga administrativa elevada. Pero mantener sin pagar más del 80% de las ayudas cinco años después cuestiona el funcionamiento del sistema.
El propio IDAE creó el Plan MOVES con la intención de favorecer una movilidad más sostenible, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y modernizar el parque automovilístico español.
También buscaba contribuir a la reducción de emisiones de CO2 y facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga.
Sobre el papel, los objetivos siguen siendo válidos. España necesita acelerar la electrificación del transporte si quiere cumplir sus compromisos climáticos y reducir la dependencia energética. Pero para que ese cambio sea creíble, las ayudas deben llegar en un plazo razonable.
La experiencia de Murcia pone de manifiesto que el principal obstáculo ya no es la falta de fondos, sino la capacidad de las administraciones para gestionarlos. El dinero existe, los expedientes están resueltos y los beneficiarios identificados. Aun así, los pagos siguen bloqueados.
Cinco años después del nacimiento del Plan MOVES III, la Región de Murcia se ha convertido en el símbolo de una ayuda que prometía acelerar la movilidad eléctrica y que, para miles de ciudadanos, ha acabado atrapada en la burocracia.
Mientras solo el 18% de los solicitantes haya cobrado y 18,7 millones de euros sigan pendientes, Murcia seguirá liderando un ranking del que ninguna comunidad autónoma querría formar parte.
