Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha lanzado duras críticas contra la política ambiental europea, a la que acusa de estar guiada más por ideología que por criterios técnicos o de sostenibilidad real.
El foco de sus reproches es la decisión de Bruselas de prohibir la venta de vehículos con motor de combustión a partir del año 2035, una medida que, en palabras del directivo, representa una «extorsión política y regulatoria» al sector de la automoción y que, según vaticina, «se va a revertir».
Durante su intervención en el evento financiero Finanza, organizado por Elkargi en San Sebastián, Imaz fue tajante: la prohibición “no va a suceder” y su impacto podría ser devastador si no se corrige a tiempo.
El directivo denunció que las autoridades europeas han construido un marco normativo que no solo dificulta la inversión industrial, sino que desincentiva la eficiencia en los motores térmicos al transmitir a los fabricantes que esta tecnología está condenada a desaparecer.
Aunque los coches eléctricos aún representan una minoría en el parque automovilístico español, las matriculaciones han crecido con fuerza en lo que va de 2025.
De hecho, España lidera este año el crecimiento en ventas de eléctricos en toda Europa. Si bien es cierto que los eléctricos puros no superan aún el 10% del total de coches en circulación, la tendencia es clara y sostenida.
Los motores diésel, que durante décadas dominaron el mercado español, han caído a mínimos históricos. Según los últimos datos del sector, los vehículos diésel puros son ya los menos vendidos, superados por los de gasolina, los híbridos y los eléctricos.
Aunque todavía se matriculan híbridos con motores diésel, su volumen es cada vez menor y representa un cambio significativo en los hábitos de compra de los españoles.
La inquietud de Repsol parece responder más a una realidad que se está consolidando que a una simple política ideológica.
Mientras Imaz denuncia una “hiperregulación” impulsada por Bruselas, los principales mercados europeos avanzan con firmeza hacia la electrificación del transporte.
Alemania y el Reino Unido ya matriculan un 25% de vehículos eléctricos, y países como Bélgica o Dinamarca han superado el 50%.
Estas cifras no son solo indicadores de políticas públicas, sino de un mercado que responde positivamente a la transformación.
En este contexto, los temores de Imaz pueden entenderse como una reacción de resistencia ante un cambio estructural que impacta directamente en el modelo de negocio de empresas como Repsol.
La transición energética no es solo una cuestión de regulaciones: es también una transformación de consumo, de preferencias sociales, de percepción sobre la sostenibilidad y del papel de las energéticas en una economía que camina, cada vez con más firmeza, hacia la descarbonización.
Mientras tanto, el Gobierno español mantiene sus objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030.
El cumplimiento de esta meta sigue siendo desafiante, pero los avances en 2025 han sido significativos: una reducción del 3% en las emisiones del transporte y del 7,6% a nivel general en los gases de efecto invernadero.
May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha advertido recientemente que, si bien se están cumpliendo metas clave, el auge de híbridos no enchufables podría frenar los progresos.
Aun así, insiste en que “no debemos bajar la guardia”, ya que el crecimiento de la movilidad eléctrica en España es real y sostenido.
La paradoja está servida: mientras una parte de la industria energética denuncia una supuesta imposición ideológica, el mercado avanza hacia lo eléctrico por su propia lógica.
La mayor disponibilidad de modelos, los incentivos fiscales, el desarrollo de infraestructuras de recarga y, sobre todo, el cambio de mentalidad del consumidor están haciendo que el coche eléctrico deje de ser una promesa lejana para convertirse en una opción real y cada vez más dominante.
Repsol, como otros actores del sector fósil, se enfrenta a un escenario en el que la adaptación ya no es opcional, sino obligatoria.
Las declaraciones de Imaz pueden interpretarse como una defensa del status quo, pero también como una muestra de preocupación ante un modelo de negocio que ve desdibujarse ante la consolidación de nuevas tecnologías.
Y mientras Europa sigue ajustando sus marcos regulatorios, no parece que vaya a dar marcha atrás. El mensaje desde Bruselas es claro: la neutralidad climática no es negociable.
Las empresas que quieran seguir jugando en este tablero tendrán que reinventarse. Lo saben los fabricantes de coches, lo saben los países que lideran la transición… y empieza a saberlo, con más claridad, las grandes empresas energéticas.
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