La ciudad de Ourense acaba de aprobar de manera oficial la ordenanza que regulará la implantación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
La aprobación tuvo lugar en el pleno municipal correspondiente al mes de julio, donde Democracia Ourensana, el partido que lidera el alcalde Gonzalo Pérez Jácome, sacó adelante la propuesta en solitario.
Ni el Partido Popular ni el PSOE quisieron avalarla con sus votos, limitándose a abstenerse, mientras que el BNG se posicionó claramente en contra.
Este es el contexto con el que arranca uno de los cambios más importantes en la movilidad urbana de Ourense, aunque su desarrollo práctico está rodeado de incógnitas y, sobre todo, de una falta de apoyo evidente.
La Zona de Bajas Emisiones de Ourense comenzará a aplicarse el 26 de diciembre de 2025. Esta será la fecha en la que se activará oficialmente la medida, aunque durante los primeros meses se aplicará en una fase informativa, sin sanciones.
El régimen sancionador, es decir, las multas para quienes incumplan las restricciones, se activará a partir de julio de 2026. A partir de entonces, circular por la zona restringida sin cumplir con los requisitos establecidos supondrá una sanción de 200 euros, que podrá reducirse a 100 euros si se paga de forma inmediata.
La Zona de Bajas Emisiones de Ourense afectará principalmente al casco histórico y al centro de la ciudad. Estará delimitada al norte por la Avenida de la Habana y la plaza de Concepción Arenal, al oeste por la Rúa do Progreso, al sur por la Rúa Coruña y al este por la Rúa Pena Trevinca y la Rúa Emilia Pardo Bazán.
Dentro de esta área se incorporarán restricciones de acceso a vehículos más contaminantes, y también se peatonalizarán varios tramos de calles emblemáticas como la calle Concordia, la Avenida Buenos Aires, San Francisco, Bedoya y Valle Inclán.
En estas zonas, ni siquiera los vehículos con distintivo ambiental podrán circular libremente, salvo algunas excepciones autorizadas como los residentes, los cuerpos de seguridad y los vehículos de carga y descarga que operen en los horarios permitidos.
El acceso estará prohibido para los vehículos sin etiqueta ambiental, es decir, los más contaminantes. Estos incluyen vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y vehículos diésel matriculados antes de 2006.
Solo podrán circular libremente dentro de la Zona de Bajas Emisiones los vehículos que dispongan de las etiquetas 0, ECO, C o B de la Dirección General de Tráfico.
A pesar de estas restricciones, el gobierno local ha previsto algunas excepciones, como el acceso de residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, vehículos de carga y descarga, y aquellos que necesiten acceder a un aparcamiento dentro de la zona restringida.
La ordenanza prevé que quienes accedan a la zona sin cumplir los requisitos recibirán una multa de 200 euros, aunque el importe se reducirá a 100 euros si el infractor realiza el pago dentro de los primeros 20 días.
A día de hoy, todavía hay muchas dudas sobre cómo se gestionarán los controles de acceso, qué dispositivos se instalarán para identificar a los vehículos que incumplen la normativa y qué alternativas concretas se ofrecerán a los ciudadanos para adaptarse a las nuevas condiciones de movilidad.
Además, la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones y la falta de una estrategia comunicativa sólida por parte del Concello han generado inquietud entre conductores habituales, comerciantes y vecinos que temen que esta medida afecte negativamente a su día a día sin haber tenido tiempo suficiente para organizarse ni opciones claras para adaptarse a las nuevas restricciones.
El proceso no estará exento de polémica, ya que algunos sectores económicos, especialmente los pequeños comercios ubicados dentro del área afectada, temen que las limitaciones al tráfico puedan reducir el volumen de clientes que acceden al centro en vehículo privado.
También preocupa a los ciudadanos que utilizan sus coches diariamente para trabajar y que no tienen la posibilidad económica de cambiar de vehículo en un corto plazo.
El Concello ha explicado que la ordenanza se aplicará por fases y que durante los primeros meses se realizará un seguimiento informativo para que la ciudadanía pueda adaptarse a las nuevas normas antes de que se empiecen a imponer sanciones.
A pesar de este periodo de transición, sigue siendo incierto si las campañas de información y los apoyos al cambio serán suficientes para que la ciudad asuma con normalidad esta transformación que afectará a la forma de moverse por Ourense.
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