Esta semana, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Consumo Sostenible y el debate está ya en la calle.
Este paquete legislativo tiene como objetivo eliminar la publicidad de los coches de gasolina y diésel, así como la de los combustibles fósiles. Una medida que ha encendido el debate.
El anuncio fue realizado por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, quien dejó claro que la intención del Gobierno es intervenir directamente en la percepción pública de los coches contaminantes.
La estrategia, según Bustinduy, no es solo limitar la visibilidad de estos vehículos, sino acelerar la transición industrial y productiva hacia modelos más sostenibles.
El Ejecutivo busca replicar, en cierta forma, lo que ocurrió con el tabaco en España hace ya dos décadas: no se prohibió su consumo, pero sí se eliminó su presencia publicitaria, lo que poco a poco diluyó su atractivo social.
Francia ya prohibió en agosto de 2022 la publicidad de los coches más contaminantes y La Haya siguió sus pasos en enero de 2025.
Sin embargo, la Unión Europea aún no ha impuesto una prohibición general en este ámbito y tampoco ha adelantado ninguna normativa similar en el corto plazo.
Eso sí, el objetivo europeo es claro: a partir de 2035 no se podrán vender coches de gasolina ni diésel, pero mientras tanto, su publicidad sigue estando permitida. España, en cambio, ha decidido no esperar.
El Gobierno se ha propuesto restringir también la publicidad de los vuelos cortos y de los propios combustibles fósiles. La idea es desmontar el relato aspiracional que ha acompañado a este tipo de productos, muy especialmente en la automoción.
El PP quiere que las ayudas al coche eléctrico sean también para los coches de gasolina y diésel.
La pregunta es si esta estrategia conseguirá cambiar la mentalidad de los conductores o si, por el contrario, solo generará rechazo en una parte de la sociedad que ve en este movimiento una amenaza a su libertad de elección.
Actualmente, el 36,5 % de las matriculaciones de coches nuevos en España siguen siendo de gasolina o diésel. Los modelos eléctricos y los híbridos ganan terreno, pero no lo suficiente como para que el parque móvil haya dado todavía el salto decisivo.
Por eso, desde el Gobierno creen que atacar la publicidad es un paso fundamental para acelerar este proceso. La teoría es que, si desaparecen los anuncios, ¿desaparecerá parte del deseo?.
Ya no se tratará solo de cumplir con las normativas ambientales, sino de cambiar la forma en la que la sociedad percibe estos coches.
Bustinduy insiste en que estas medidas están pensadas para garantizar la competitividad de la industria española, pero también para asegurar que la transformación sea justa y accesible para todos.
No quiere que esta transición sea un privilegio para las rentas altas ni que las nuevas tecnologías sean inalcanzables para el ciudadano medio.
Por eso, el plan no solo pasa por limitar la publicidad, sino por acompañar este movimiento con políticas que fomenten el acceso a vehículos eléctricos y soluciones de movilidad más sostenibles.
El debate está servido. Desde la industria, las reacciones no se han hecho esperar. El sector automovilístico teme que esta prohibición suponga un freno a las ventas y que afecte directamente a la libertad de los consumidores para informarse sobre las opciones disponibles.
Las marcas argumentan que, sin publicidad, los usuarios perderán referencias clave para comparar modelos, precios y prestaciones. Y esto podría complicar aún más un mercado que ya atraviesa dificultades por la transición hacia lo eléctrico, la subida de precios y la incertidumbre regulatoria.
En cambio, las organizaciones ecologistas aplauden la medida. Consideran que el impacto cultural de la publicidad es enorme y que limitar el acceso a estos mensajes es una vía eficaz para acelerar el cambio de mentalidad.
Para ellos, los anuncios de coches de combustión contribuyen a perpetuar un modelo insostenible que choca frontalmente con los objetivos climáticos.
Creen que la publicidad no solo vende coches, sino que también vende un estilo de vida incompatible con la lucha contra el cambio climático.
Lo cierto es que el anteproyecto de ley aún tiene que recorrer un largo camino. Deberá pasar por consulta pública, enfrentarse a los trámites parlamentarios y superar las posibles enmiendas que puedan presentar los distintos grupos políticos.
Pero el Ejecutivo está decidido a avanzar. En este momento, no hay plazos cerrados para la entrada en vigor ni se conocen con detalle las sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento.
Tampoco está del todo claro si la prohibición afectará solo a los anuncios tradicionales o si se extenderá a las redes sociales, los patrocinios deportivos o los acuerdos de imagen que las marcas mantienen con figuras públicas y eventos populares.
El caso francés puede ofrecer algunas pistas. Allí, la prohibición se aplica en todos los formatos y ha obligado a las marcas a reinventar sus estrategias comerciales.
España podría seguir esa misma línea y convertirse en un país donde los coches de combustión no solo tengan fecha de caducidad en la venta, sino también en la conversación pública.
Las comparaciones con la ley antitabaco no son casuales. En 2005, España prohibió totalmente la publicidad del tabaco, y aunque el producto sigue disponible, su presencia cultural se ha visto profundamente erosionada.
Los coches de combustión podrían enfrentarse ahora al mismo destino. El Gobierno no quiere esperar a 2035 para que desaparezcan de las calles; quiere empezar ya a eliminar su protagonismo en los anuncios, en las series, en los deportes y en cualquier formato donde hasta ahora eran habituales.
Algunos sectores ven esta estrategia como un intento de paternalismo por parte del Estado. Acusan al Gobierno de tratar a los ciudadanos como si no fueran capaces de tomar decisiones por sí mismos.
Argumentan que, en lugar de prohibir, lo que habría que hacer es informar de manera transparente y permitir que sea el consumidor quien elija.
Pero desde el Ejecutivo insisten en que el cambio cultural solo se consigue si se actúa de forma decidida y que esperar a que el mercado resuelva por sí solo este problema es una pérdida de tiempo que el planeta no se puede permitir.
En última instancia, lo que está en juego no es solo la venta de un tipo de coche, sino la narrativa que queremos construir sobre la movilidad.
España se asoma a un escenario que puede marcar el futuro del sector automovilístico y del consumo cultural. La transición hacia la electrificación no solo se juega en los concesionarios o en los talleres, también se disputa en la televisión, en las vallas publicitarias y en las redes sociales.
Si este anteproyecto sale adelante, pronto podríamos vivir en un país donde los coches de gasolina y diésel sigan existiendo, pero hayan desaparecido del imaginario colectivo. Un coche que nadie ve es un coche que, tal vez, deja de desearse.
La batalla no ha hecho más que empezar. La ley sigue su curso, las calles siguen llenas de coches de combustión y las campañas publicitarias, por ahora, continúan.
Pero la dirección está marcada: el Gobierno quiere que los anuncios dejen de ser el combustible de un modelo que consideran agotado.
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