El próximo miércoles 25 de junio se debatirá en el Congreso de los Diputados una propuesta que promete agitar el panorama de la automoción en España.

El Partido Popular, actualmente en la oposición, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para exigir un cambio radical en la estrategia de ayudas al sector del automóvil.
Y lo hace lanzando un mensaje que cala fácilmente en la sociedad: «las subvenciones no pueden limitarse a los vehículos eléctricos; también deberían incluir coches de gasolina y diésel».
El Partido Popular aboga por un plan de ayudas que sea, como ellos lo llaman, “tecnológicamente neutro”, un concepto que, de entrada, ya ha empezado a dividir opiniones.
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Actualmente, el Plan MOVES, que ha sido el principal motor de estímulo para la compra de coches eléctricos en España, está orientado a favorecer únicamente los modelos de cero emisiones, como eléctricos puros, híbridos enchufables o vehículos propulsados por hidrógeno.
Esta orientación ha sido defendida por el Gobierno como la vía lógica para acelerar la descarbonización del parque automovilístico español.
Sin embargo, el PP sostiene que esta visión es incompleta y, lo que es más polémico, discriminatoria hacia quienes por motivos económicos no pueden acceder a un coche eléctrico, cuyos precios siguen estando, en muchos casos, fuera del alcance de las rentas medias y bajas.
El Partido Popular propone que las ayudas no estén limitadas por la tecnología del vehículo. Su planteamiento es que cualquier coche, ya sea de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico, pueda beneficiarse de las subvenciones siempre que contribuya a la renovación del parque automovilístico.
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La clave está en el concepto de neutralidad tecnológica, que para el PP significa que las ayudas deben premiar la eficiencia energética del coche, independientemente de cómo se propulse.
Según su propuesta, incluso un coche de gasolina moderno, que contamine mucho menos que un vehículo diésel de hace quince años, debería recibir apoyo económico si contribuye a reducir las emisiones del parque circulante.
El plan que el PP pondrá sobre la mesa, también introduce modificaciones relevantes en la forma de gestionar las ayudas. Actualmente, las subvenciones del Plan MOVES suelen tardar meses en llegar a los beneficiarios, lo que genera frustración y reduce el impacto real del incentivo en el momento de la compra.
Por eso, el PP propone que las ayudas se apliquen de manera directa y en el instante de la adquisición, gestionadas desde los concesionarios y con una tramitación digital mucho más ágil.
En un intento de calar entre los sectores más desfavorecidos, la formación también plantea la creación de un bono social para facilitar la compra de vehículos de bajas emisiones a las personas con menos recursos.
Otro de los pilares de la propuesta es la recuperación del Plan Renove, una iniciativa que en su día contribuyó a modernizar el parque móvil español pero que ha caído en el olvido en los últimos años.
El PP quiere que este nuevo Plan Renove sea también tecnológicamente neutro, permitiendo que cualquier comprador que entregue un coche de más de 12 años pueda acceder a incentivos, independientemente de la tecnología del vehículo que adquiera.
La formación añade, además, que habría que establecer ayudas específicas para colectivos como jóvenes, autónomos y familias numerosas, sectores que suelen encontrar más dificultades para cambiar de coche.
Además, la propuesta no se limita a pedir más dinero para la compra de vehículos; también incluye en su plan un paquete de medidas destinado a impulsar la industria de la automoción en España.
Entre ellas, destaca la creación de una ventanilla única digital que simplifique y centralice los trámites burocráticos para empresas del sector, lo que, según argumentan, facilitaría nuevas inversiones y favorecería la competitividad del tejido industrial.
La propuesta plantea la constitución de un Fondo de Descarbonización Industrial para ayudar a las fábricas a adaptarse a la transición ecológica y la digitalización.
Otra de las acciones más llamativas de este plan, es la reducción temporal del IVA para los vehículos de bajas emisiones, una medida que busca emular el éxito de países como Noruega.
La rebaja fiscal no solo se aplicaría a los coches eléctricos, sino también a modelos eficientes con motor de combustión, lo que refuerza la idea de que la neutralidad tecnológica debe ser el eje de las nuevas políticas públicas de movilidad.
El PP también defiende que el despliegue de puntos de carga para eléctricos debe seguir siendo una prioridad, aunque lo presenta como un complemento al resto de medidas, y no como el único camino posible.
Este planteamiento, sin embargo, no está exento de controversia. Desde el Gobierno y las asociaciones medioambientales ya se han manifestado en contra de la idea de extender las ayudas a coches de gasolina y diésel.
Consideran que sería un retroceso en la lucha contra el cambio climático y que las políticas públicas deben concentrarse en acelerar la electrificación, no en perpetuar las tecnologías tradicionales.
Para estos sectores, el argumento de la neutralidad tecnológica es una forma encubierta de mantener el modelo actual y retrasar el avance hacia una movilidad más sostenible.
Pero desde el Partido Popular insisten en que las políticas actuales están dejando fuera a la mayoría de los ciudadanos, especialmente a aquellos que no pueden asumir el coste de un coche eléctrico, ni siquiera con ayudas.
Según sus datos, las subvenciones actuales benefician principalmente a los compradores de vehículos de alta gama, ya que los modelos eléctricos más accesibles siguen teniendo precios elevados.
Además, advierten que en muchos municipios pequeños la infraestructura de recarga sigue siendo inexistente, lo que convierte en una utopía la compra de un eléctrico para buena parte de la población.
Lo que plantea el PP, en esencia, es aprovechar el discurso de los medios en contra del coche eléctrico, el cual ha calado en la sociedad, para detener el avance de la movilidad eléctrica y quedarnos a la cola de Europa.